La pretendida concesión de amnistía e indultos en la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, a los actores de las revueltas de octubre de 2019, que claramente fueron actos vandálicos y de ninguna forma se trató de protestas amparadas en el concepto constitucional del “derecho a la protesta” ni del “derecho a la resistencia”, sería una verdadera vergüenza, de concretarse, y una jurisprudencia para avalar el vandalismo a futuro.

¿Se puede siquiera concebir que personas que supuestamente están para crear leyes, y bajo el criterio natural de que las leyes se crean para proteger y garantizar a la sociedad, se presten para establecer antecedentes que la dañen? Esto sería cosa de Ripley, merecedor de un premio Guinness al absurdo. Quienes integran una Asamblea están obligados a velar por el bienestar del pueblo y no para hacer prevalecer mandatos ideológicos, peor aún si estos van contra el bienestar general. Todavía guardo la esperanza de que el pleno no dará paso a este sinsentido que se estaría gestando (solo con aceptar el trámite ya genera la duda, con aprobar el informe de solicitudes de amnistías que está siendo analizado), en una Comisión que ha dado muestras de falta de conocimiento e insensatez (por ejemplo, el informe sobre los Pandora Papers fue una oda a la ignorancia). Una Comisión con algunos que cada vez que hablan confirman las razones por las cuales los ecuatorianos desconfían de la democracia; me refiero a casi todos. La irresponsabilidad de partidos y organizaciones políticas al escoger candidatos encontró su máxima expresión en una Comisión. Sus redacciones con faltas ortográficas y contenidos absurdos, firmadas por quienes hablan sin coherencia y conocimiento de su papel, son patéticos. Sí hay en la Asamblea unos pocos miembros que merecen serlo, pero son tan escasos que tomaría un tiempo interminable encontrarlos. (O)

José Mario Jalil Haas, ingeniero químico, Quito

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