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La Asociación de Generales de la Policía Nacional presentó la iniciativa y en el Legislativo les indicaron que se trataba de un reclamo político.
Al no tener amnistía por parte de la Asamblea Nacional, los procesos penales derivados del paro del 2019 siguen en firme.
Son cinco las personas que no pueden acceder a la amnistía, entre ellos, el dirigente laboral Mesías Tatamuez; se necesitan 92 votos para ratificarse.
¿Qué están haciendo por el pueblo?, nada. Hay que impedir que continúen utilizando la Asamblea Nacional para protervos intereses políticos.
En 2019 el excanciller del correísmo Ricardo Patiño fue llamado a juicio, pero la etapa de juzgamiento quedó suspendida al estar él fuera del Ecuador.
El análisis y presentación del informe sobre el pedido de amnistía está a cargo de la Comisión de Garantías Constitucionales, donde el correísmo tiene mayoría.
El Informe de Amnistías fue aprobado en marzo pasado por votos de las bancadas de UNES, Pachakutik, Izquierda Democrática, parte del BAN e independientes.
En este país, poco falta para felicitar y aplaudir de pie el vandalismo. El precedente de marzo es nefasto y el de la jueza es difícil de creer.
No debemos ser ciegos ante la corrupción, exijamos que se cumpla la ley, Constitución.
La opinión pública deja en evidencia la mediocridad de los actuantes (de la Asamblea) y mina su apoyo popular.
El paro nacional convocado por organizaciones sociales e indígenas lleva dieciséis días de vigencia y busca la aprobación de diez puntos planteados.
El Gobierno debe sancionar a los manifestantes que han encontrado en la Asamblea protección y amnistía a sus delitos.
Alí Lozada, presidente de la Corte Constitucional, es el juez ponente en las acciones presentadas por grupos de ciudadanos.
Sobre la regularización de migrantes en Ecuador, provenientes de Venezuela.
La medida se aplicará para las personas que hayan ingresado al país a través de los puntos de control migratorio oficiales.
La madrugada del 10 de marzo pasado, con 99 votos a favor se aprobó el Informe de Amnistías elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales.
Luego de recibir el informe, el CAL deberá calificar la solicitud y remitirla a la Comisión de Garantías Constitucionales, con el fin de que se de trámite.
El gremio reclama el mismo trato de las 268 personas amnistiadas para más de 200 policías señalados por presuntos excesos en las protestas de octubre de 2019.
Marilú Ramírez se infiltró como estudiante de la Escuela Superior de Guerra de Bogotá, desde la cual suministró información para el atentado.
La Asociación de Generales presentó un oficio en la Asamblea Nacional para que se dé trámite a su pedido con "equidad de condiciones".