La Asamblea Nacional tramita un pedido de amnistía a favor del excanciller y exministro de Defensa del correísmo Ricardo Patiño, por considerar que el caso por el cual se lo investiga afecta su libertad de expresión, reunión pacífica, derecho a la resistencia establecido en la Constitución frente a las políticas del gobierno de Lenín Moreno.

Patiño está procesado por el delito de instigación supuestamente cometido el 27 de octubre de 2018, en la ciudad de Latacunga, con ocasión de una reunión del movimiento Alianza PAIS al que se pertenecía; ahí pronunció un discurso en el que llamó a la resistencia frente a las medidas económicas tomadas por el Gobierno de ese entonces, y señaló que “la resistencia sea combativa”.

Actualmente, Ricardo Patiño reside en la ciudad de México, en condición de refugiado por razones políticas, pues al momento el exfuncionario tiene una orden del prisión preventiva.

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La última diligencia penal sobre el caso en contra de Patiño se realizó el 5 de agosto de 2019, cuando el juez de garantías penales resolvió llamarlo a juicio.

Juez dictó orden de prisión preventiva contra Ricardo Patiño y solicitará difusión roja a Interpol

Según la petición de amnistía, el proceso penal en contra de Ricardo Patiño viola sus derechos a la libertad de expresión y a la reunión pacífica, y tuvo como objetivo silenciar las voces contrarias y erradicar cualquier indicio de oposición o protesta de Ricardo Patiño contra el gobierno de Lenín Moreno, violando el derecho de toda persona a tener sus propias convicciones políticas y expresarlas, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales.

Los solicitantes de la amnistía apelan a lo que determina el artículo 120 numeral 13 de la Constitución, donde se define que la Asamblea Nacional tiene atribuciones para “conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. No se concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia”.

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Trámite

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) conoció la petición el 16 de diciembre de 2022 y dispuso que a la Unidad Técnica Legislativa emita un informe de cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 96 y 99 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y de los requisitos establecidos en los artículos 3, 9 y 10 del Reglamento para la Admisión y Tramitación de las Solicitudes de Amnistías e Indultos Humanitarios de la Asamblea Nacional, sobre la solicitud en referencia, así como su pertinencia…”.

El 6 de enero de 2023, el coordinador de la Unidad Técnica Legislativa, Jorge Sosa Meza, remitió su informe de verificación de requisitos, el cual concluye: “Del análisis realizado se puede determinar que la solicitud de amnistía presentada por Wilma Salgado Tamayo y Billy Navarrete Benavídez, en favor de Ricardo Patiño Aroca, cumple con los requisitos formales y es pertinente con lo establecido en los artículos 10 y 8 del Reglamento para la Admisión y Tramitación de las Solicitudes de Amnistías e Indultos Humanitarios de la Asamblea Nacional”.

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El 10 de enero de 2023, en la sesión del CAL-002-2023, se resolvió admitir a trámite la solicitud de amnistía en virtud de que cumple los requisitos establecidos en el art. 10 del Reglamento y 96 LOFL y remitir la presente solicitud, conjuntamente con sus anexos a la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos.

La Comisión de Garantías Constitucionales está integrada por los siguientes legisladores:

  • Fernando Cabascango ( PK-rebelde)
  • Victoria Desintonio (UNES)
  • Paola Cabezas (UNES)
  • María Fernanda Astudillo (UNES)
  • Mario Ruiz (PK-rebelde)
  • Grúber Zambrano (BAN)
  • Édgar Quezada (PK)
  • Guadalupe Llori (PK)
  • Sofía Sánchez (PK)

La Comisión tiene un plazo de 30 días para analizar el caso y presentar un informe para conocimiento del pleno del Parlamento.

Reacciones

El delegado del PSC ante el CAL, Esteban Torres, justificó la calificación de la solicitud de amnistía basado en el informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL) de que se cumplían los requisitos. Aclaró que su partido político aún no define una posición respecto a la petición, aunque anticipó que quizá no será una votación favorable.

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Nathalie Arias, de la bancada oficialista Acuerdo Nacional (BAN), reveló que cinco legisladores integrantes del CAL dieron paso al trámite de la solicitud, que ella se abstuvo de votar. Anticipó que no está de acuerdo en que se conceda esta amnistía, porque sí recuerda el mensaje que se dio al país en el 2018 y los desmanes que se ocasionaron y las manifestaciones violentas.

Señaló que el país debe recordar que la Asamblea tropezó emitiendo amnistías sobre quienes no han demostrado que sus manifestaciones se dieron en el marco del derecho a manifestarse pacíficamente.

La vicepresidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, Victoria Desintonio (UNES), anunció que la mesa conocerá el caso y se hará todo el procedimiento, se llamará a comparecencia a todos los involucrados en el tema y posteriormente pasará al pleno.

Dijo que ella, como parte de la bancada de la revolución ciudadana, apoyará el pedido de amnistía que está bien fundamentado.

“Todo mundo sabe que nuestro compañero Ricardo Patiño fue perseguido políticamente en el gobierno de Lenín Moreno, por llamar a la ciudadanía a mantenerse firme contra unas medidas que desembocaron en un paro nacional que costó la vida de muchos ciudadanos; por lo tanto, esto fue un proceso de persecución política”, anticipó Desintonio.

Ricardo Vanegas, del bloque Pachakutik, manifestó que no extraña que la mayoría correísta - socialcristiana y algunos otros pretendan dar trámite al pedido de amnistía; aunque recordó que para ello necesitarán 92 votos, que a su criterio no habrá.

“Él (Ricardo Patiño) no debe ser amnistiado por esta Asamblea, lo que tiene que hacer es venir al Ecuador y responder desde la cárcel ante la justicia”, subrayó. (I)