Tratando de resumir en una expresión los tiempos que vivimos, en servicios públicos, y en cumplimiento de obligaciones legales y convencionales, podría ser “a esperar...”.
Los cumplimientos se postergan, en algunos casos por circunstancias sobrevinientes. En otros –los más– se agregan trabas para no cumplir cuando se deba hacerlo, en contravención de la obligación contraída legalmente.
En salud, los incumplimientos en medicamentos y en servicios pueden significar la muerte o el agravamiento de las personas afectadas, de modo que la prestación tardía de nada o en poco sirve.
La atención tardía para cédulas y pasaportes, al igual que sobre otros servicios en que se debe esperar, genera la activación de influencias –pedir favores– o “comprar” el turno o el cupo, lo que para algunos es una práctica y engranaje.
… se agregan trabas para no cumplir cuando se deba hacerlo, en contravención de la obligación contraída legalmente.
Lo del pago de obras y servicios recibidos por el sector público es de miedo. Recibida la obra o el servicio debe auditarse, lo cual desde el correato lleva tiempo, aun años; de primera revisión piden más información, con lo cual se fragmentan aprobaciones. No son pocos los casos en que los procesos tienen precio. ¿Desde qué nivel de autoridad participan en este ilícito?
Y no son pocos los casos en que con urgencia se requieren provisiones de bienes y servicios, pero no hay partida. Hay que crearla, lo cual conlleva otro tiempo.
Para algunos sorprende que haya atrasos de pagos desde los inicios de la segunda década del siglo XXI, siendo que se han hecho pagos al mismo acreedor por bienes y servicios entregados en la misma época o en tiempos posteriores, inclusive por el 2022, lo que se da por la imposición de las fragmentaciones de listados que debieron tramitarse en una sola factura.
Como consecuencia del no pago del sector público, los que no pueden cobrar a su vez les deben a sus proveedores, pero estos –igual que cuando se acude a crédito bancario– cobran intereses, los que no paga el sector público. Podría preguntarse, ¿se elevarán los precios cuando se contrata con el sector público?, parte de la auditoría es verificar los precios de bienes y servicios en el mercado de oferta/demanda.
Y un caso de viveza criolla, habilidad, ingenuidad o torpeza, o de unos y otros, como quiera calificárselo. El jueves 1 de septiembre, en la Asamblea faltaron 5 votos para la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura, con lo cual estos seguían en sus cargos. Para que sea inamovible la decisión debió pedirse la reconsideración y, autorizada esta, debía votarse por segunda vez. Aparentemente, el presidente clausuró la sesión y no lo permitió, con lo cual había siete días más para negociar votos, porque el jueves 8 había sesión ordinaria. Rapidito se propuso la reconsideración y se aprobó dejar sin efecto lo resuelto el 1 de septiembre. La sorpresa: la interpelante y quien la reforzó hablaron con el presidente y se fueron. El presidente anunció que sin ellos no habría votación, con lo cual la sesión quedó en suspenso para algún día, no se sabe cuándo, y los miembros del Consejo de la Judicatura quedaron en el aire. ¿Se esperarán 92 votos por la oposición para la destitución? (O)
