El deber del ciudadano, de acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, se ha subjetivado. Se irrespeta este imperativo jurídico de obediencia, abusando de la garantía constitucional que ampara a cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad para proponer las acciones previstas en la Constitución.
La protección y garantía a los derechos constitucionales es la base jurídica sobre la cual se levanta un Estado de derecho y su deber es ampararlos. Para su vigencia, en 2008, se trastocó el orden democrático constitucional, reemplazándolo por un Estado de derechos. Se generó un autoritarismo judicial constitucional. Se abrió paso a que la anarquía jurídica reine en el Ecuador, sometiendo nuestros derechos, indiscriminadamente, a cualquier juez cantonal extraño, que a pretexto de tutela garantista y, ejerciendo irregularmente poderes revestidos de justicia consitucional, prevaricando, la infrinjan abusando de su impunidad.
Este estado de cosas no puede seguir en el Ecuador. Protegido por una legislación que la ciudadanía impotente repudia diariamente, con normas que judicialmente son utilizadas maliciosamente, tergiversándolas, desinstitucionalizando el Estado, y cediendo espacios a la corrupción, la violencia, el crimen organizado y el narcotráfico.
No se trata de un dictador que nos somete. Se trata de toda una herencia y organización jurídica constitucional que nos oprime con mayor fuerza que ayer.
No puede ser que los candados jurídicos, inadvertidamente aprobados consitucionalmente, que encadenan al pueblo ecuatoriano, multiplicados luego por todo el país, permanezcan incólumes ante la negativa de la posibilidad a su ruptura, por aquellos llamados al análisis subjetivo y circunstancial de nuestros pedidos.
Ha llegado el momento en que se levanten la fuerzas vivas. Aquellas dormidas, no hace muchos años. Aquellas que para protestar despertaban al llamado de los líderes, que en otros tiempos, no muy lejanos, convocaban al pueblo de toda condición a exigir sus derechos, demandando por los atropellos, derrocando dictaduras y malos gobiernos.
No bastan lo parches reformatorios constitucionales consultados para febrero. La demoracia se asfixia. No esperemos su muerte. Exijamos la derogatoria de la Constitución del 2008 y la vigencia de la de 1998. Será el revivir de la democracia. Se trata de amor de patria. No de política partidista. Es imprescindible un paréntesis político entre aquellos que tienen como credo la democracia como sistema político de gobierno, que solo imperará dentro del marco del retorno a un Estado de derecho, en vez del Estado de derechos al que estamos sojuzgados por la Constitución del 2008.
Los principales gestores de este clamor deben ser precisamente aquellos a los que ayer y hoy confiamos nuestros destinos en las urnas, en todo el país. Que se hagan presentes ahora, cívicamente, como lo hicieron siempre, en las calles. Ojalá la ciudadanía encuentre eco al reiterado mediático llamado desde las columnas de opinión. ¡Esperaremos! (O)
