Es incomprensible la actitud de ciertos gobiernos latinoamericanos al ser reacios a reconocer la inminencia de la enfermedad bananera fusariosis, raza tropical 4, llamada mal de Panamá, quizás como evidencia del peso de conciencia por no haber realizado lo recomendado para impedirla antes de su súbita explosión; además, se disimula la magnitud de su presencia, tanto que se mantuvo por varios meses la creencia de que el brote cercano a nuestra frontera sur era solo de media hectárea, cuando en una nota del 22 de agosto, dirigida al secretario ejecutivo de la CAN, el organismo oficial Senasa de Perú acepta que el patógeno ha fijado su maléfica estadía en varios sitios del departamento de Piura, sumando 71,54 hectáreas, en sitios distantes entre sí, de 22 pequeños agricultores.

Su contención es poco menos que imposible, peor su erradicación, como afirman erróneamente entidades públicas locales al compás de otras naciones con la misma y poco creíble partitura, acusando comunes deficiencias de recursos y reducciones presupuestarias para alcanzar esos ilusorios cometidos, unidas a la pasividad de algunos empresarios opuestos a dar contribuciones, por mínimas que sean, pero imprescindibles para fortalecer acciones estatales, como las ejecutadas por Agrocalidad, que acaba de sufrir una gran decepción al impedirse judicialmente el aporte de un centavo por caja exportada hacia los mercados de Rusia, China, Chile y la Unión Europea, para solventar el fortalecimiento de medidas preventivas por ellos exigidas.

Paralelamente, permanecen inamovibles, a la fecha de redacción de este artículo, en el escritorio de la ministra de Agricultura, los documentos para poner en funcionamiento el Fondo de Investigación Agrícola, creado mediante Decreto Ejecutivo nº. 1265 del gobierno anterior, que justificarían ante la cartera de Economía y Finanzas la provisión a Iniap de 11,7 millones de dólares, que bien podrían dirigirse al prioritario interés de buscar una variedad resistente a R4T, única alternativa válida y práctica para proteger la principal fuente agrícola de divisas y empleos del Ecuador. En el presupuesto anual del ente investigador de apenas 15 millones solo se destinan 1,3 para investigación general, que no suple las mínimas necesidades para afrontar la gran tarea de cultivos en emergencia; mientras tanto la proforma ya se tramita en la Asamblea sin que conste ese salvador ingreso.

Agrocalidad e Iniap, fundamentales en la lucha contra el fusarium y otras patologías de igual o mayor gravedad como el moko bacteriano, con manifiestas infecciones en todas las zonas ecuatorianas cultivadoras de musáceas, no cuentan con cómodos financiamientos, ofrecidos y no concretados por el más alto nivel político, para combatir pestes agrícolas tan temibles que podrían originar irreversibles daños a un bien que reporta casi 4.000 millones de dólares anuales, generador de empleo para 2,5 millones de connacionales, entre tanto se espera que el Estado y el sector privado, en un esfuerzo adicional al que ya realizan con sus impuestos, doten a esas dos instituciones de elementos básicos para el cumplimiento de su alta misión. (O)