El concepto de competencias en el ámbito de la educación superior fue ampliamente difundido en las universidades del país y de América Latina, desde el año dos mil cuatro hasta el dos mil trece. Propone que los procesos de formación adquieren sentido cuando se definen las capacidades que van a ser adquiridas por los estudiantes a lo largo de sus carreras universitarias. Se determinan las competencias que deben alcanzarse en el proceso educativo, se elaboran mallas curriculares y se establecen pedagogías para alcanzarlas. Las competencias profesionales tienen tres elementos que las constituyen: lo que se tiene que saber, o los conocimientos necesarios a cada profesión; lo que se tiene que saber hacer, o las destrezas y habilidades necesarias para la práctica de los conocimientos adquiridos; y, lo que se tiene que saber ser, o la calidad de persona que debe ser un profesional. Los tres componentes son importantes y están íntimamente relacionados.

Cada carrera profesional establece las competencias que sus estudiantes adquirirán. Los abogados tienen unas, los ingenieros o los médicos otras, y así, cada profesión tiene las suyas que le son específicas. También están las competencias genéricas a todas las profesiones, como la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, la capacidad social y de compromiso ciudadano o la capacidad crítica y autocrítica, entre otras. En este espacio, en el de las competencias generales, debe incluirse a la capacidad de administrar bien los recursos financieros personales, que es válida no solamente para profesionales sino para todos los ciudadanos, no únicamente mayores de edad, sino también niños y personas de la tercera edad, quienes, al recibir y procesar información sobre la importancia de manejar adecuadamente sus recursos financieros, desarrollan la capacidad para hacerlo.

En el caso del Ecuador, en el año dos mil trece, la Superintendencia de Bancos emitió una resolución que regula el funcionamiento de los denominados programas de educación financiera a cargo de las instituciones del sistema financiero. La normativa en referencia contempla los temas que deben ser tratados y define los segmentos de la población a los cuales se debe llegar. La labor desplegada por bancos y cooperativas de ahorro y crédito ha sido importante en este tiempo, siendo indispensable que se trabaje conjuntamente con la estructura organizacional del Estado y la sociedad civil, para que, en unidad de acto, se instruya en temas de educación financiera a niños escolares, estudiantes colegiales y universitarios, integrantes de instituciones privadas y públicas y a la ciudadanía en general.

Las finanzas son vitales para las personas, grupos, estados y organizaciones globales. Tan importantes lo son que varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas se refieren a ellas de manera directa. Prescindir de una educación que apunte al manejo correcto de las finanzas personales y pensar que la vida se resuelve al margen de ellas, es insostenible discursivamente y más aún en la vida práctica, atravesada de cotidianos requerimientos económicos y financieros. (O)