A puertas de la segunda vuelta electoral, el Gobierno emprende acciones que tendrán serias consecuencias nacionales y electorales. Probablemente buscan romper el equilibrio del resultado de primera vuelta.

La primera fue la concerniente al campo petrolero Sacha, que fue cancelada por la reacción adversa de gran parte de la ciudadanía; la segunda se produce por el consentimiento del Tribunal Supremo Electoral al pedido del presidente de la República de prohibir el uso de celulares en las votaciones; y la tercera, por al anuncio del presidente de contratar a una empresa de mercenarios para combatir al crimen organizado.

Con la resolución sobre la prohibición del uso de celular, primero, durante el ejercicio individual del sufragio y, luego, durante el escrutinio de las votaciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha aceptado la injerencia de otra función del Estado; ha creado un delito, lo que solo puede hacerlo el legislador mediante ley; y todo bajo la amenaza de multas equivalentes a una casa popular. Nula poena sine lege: no hay pena si no hay ley. El no respetar este principio es un acto de tiranía. La gente sospecha que se está fraguando un fraude.

Las medidas contra quienes condenan lo hecho por el CNE caldearán más los ánimos. Es inaceptable que por esta sinrazón se reactive un ya superado referéndum revocatorio contra el alcalde de Quito. La pelea del Gobierno con el alcalde de Guayaquil se extiende a Quito.

En 1968, el Tribunal Supremo Electoral quiso anular las elecciones en Guayas, Los Ríos y El Oro, donde triunfaba abrumadoramente José María Velasco Ibarra. La reacción nacional fue tan feroz que el Tribunal tuvo que reconocer el triunfo de Velasco.

Más grave, todavía, es el anuncio del propio presidente de contratar a una compañía privada de mercenarios para que intente eliminar al crimen organizado. Es este un giro diametralmente opuesto al inicialmente propuesto ante el país y que recibió una especie de aprobación, no formal, de la Asamblea Nacional, porque de lo que se hablaba era de buscar la cooperación internacional de otros países, de otros Estados, que puedan garantizar la actuación de sus Fuerzas Armadas.

La compañía seleccionada estuvo ya en Ecuador, en la base de Manta, en reemplazo de la Dyn Corp, otra compañía de la privatización de la guerra, cuya presencia yo denuncié y apoyaron la ALDHU y otros más, lo que obligó a su retiro y fue reemplazada por esta, la BLACKWATER, que fue contratada para las aparentemente pacíficas tareas de “limpieza y mantenimiento”.

¿Y ante quién rendirá cuentas esta compañía? En Irak actuó bajo la autoridad del Gobierno de los Estados Unidos, lo que no ocurre hoy. Por el asesinato a civiles en Bagdad, fueron condenados por los tribunales, y el presidente Donald Trump los indultó. Aquí, el responsable será el Gobierno del Ecuador. Pedirán inmunidad, lo que no puede concederles ni el Gobierno ni la Asamblea Nacional. Pedirán sueldos muchas veces superiores a los de nuestras Fuerzas Armadas y Policía. La contratación de mercenarios nos dejará quebrados, con el problema vivo y mucha sangre, incluida de inocentes. (O)