Un acuerdo inconfesable. Eso es lo que se trasluce del silencio de los unos y de las explicaciones desesperadas de los otros. No se entiende de otra manera la ausencia casi total de declaraciones del presidente de la República y en general de los integrantes del Gobierno después de la aprobación de una ley que es vital para su proyecto político. Tampoco hay dónde perderse ante el cúmulo de contradicciones en que cae el correísmo cuando intenta demostrar que no fue la abstención de toda su bancada la que permitió aprobar la ley.

Ambos saben que rebasaron las respectivas líneas rojas y que eso ya les está pasando factura.

Al correísmo le resultará más fácil el pago de esa factura, ya que el problema lo tiene casa adentro y solo tiene que evitar que se convierta en fractura. La verborragia del líder, la potencial pérdida de las prebendas que aún les quedan y el temor de sus seguidores a la orfandad de pensamiento se encargarán de ello. Pronto se quedaron sin eco las pocas voces que se alzaron en las redes para cuestionar el desvío ideológico que significaba apoyar tácitamente –o por inacción– la aprobación de una ley que consideran el sumun del neoliberalismo.

Al Gobierno le resulta mucho más costoso el negocio. En primer lugar, el acuerdo inconfesado e inconfesable alejará a la mayoría de los votantes que le dieron el triunfo. Quienes le hicieron pasar del magro 20 % de la primera vuelta al 52 % de la segunda (un incremento de más de una vez y media) no lo hicieron por su programa o por adscripción ideológica, sino por su corrida hacia el centro y por el rechazo a lo que significaba Arauz. Ahora, cuando logra el apoyo de aquellos que aparecían como indeseables y lo hace además para incrementar la carga impositiva, son mínimas las probabilidades de que esos votantes mantengan el espíritu de esa elección. Sentirán que su confianza ha sido traicionada.

En segundo lugar, el costo a pagar será más alto cuando se comiencen a ver los resultados del acuerdo. Para nadie es desconocido que cualquier negociación con el correísmo pasa por el terreno de la justicia. Su objetivo central, el retorno al poder –absolutamente legítimo en el juego democrático–, está en su caso fuertemente condicionado por la situación judicial de su plana mayor y especialmente de Correa. Cualquier estrategia de ese grupo está antecedida por la solución de ese problema, ya que sin el liderazgo no podrán lograr el objetivo. Por ello sería iluso creer que eso no fue parte del acuerdo que, como todo acto impúdico, se hizo de la manera menos visible (sin accionar el botón de rechazo en la votación).

El mayor perjudicado de este juego –aparte de la amplia mayoría de la población que sentirá los efectos de una ley mal pensada y no discutida– será Guillermo Lasso. Al olvidar que fue elegido porque representaba el mal menor, que su votación propia se reduce a un quinto del electorado y, sobre todo, que el cumplimiento del acuerdo le exigiría meter la mano en la justicia, debilitó aún más a su gobierno. Es una factura política muy costosa y el problema es que debe pagarla no solo él. (O)