En los procesos de contratación pública existen tres etapas macro claramente identificables. Estas etapas son la de planificación, denominada precontractual; la etapa de ejecución del servicio/obra, recepción del bien o desarrollo de la consultoría; y, finalmente, la etapa poscontractual en la que se deben realizar mantenimientos acordados y demás procesos que permitan operar con normalidad o mantener en buen estado lo previamente contratado. Un sinnúmero de exámenes especiales de Contraloría son realizados a diversos contratos que se han suscitado con fondos estatales, entre los cuales las principales conclusiones emitidas se orientan a la violación o desacato de los procedimientos.

Por ejemplo, y citando el Dossier de Rendición de Cuentas 2020, para el caso de la emergencia sanitaria existen conclusiones como: a) Se solicitaron proformas directamente, sin utilizar el Sistema Nacional de Compras Públicas ni consultar procesos anteriores para buscar proveedores y obtener los mejores precios. Para el caso de los carnés de discapacidad, existieron conclusiones como: a) Se desconocen los análisis y los métodos aplicados por los equipos calificadores para asignar los porcentajes de discapacidad; b) Médicos y psicólogos asignaron porcentajes de trabajo social sin ser especialistas en el área, asumiendo funciones que no les correspondían. No obstante, el no cumplir un procedimiento no es la única manera de perjudicar al Estado y, en mi opinión, el verdadero atraco se fragua al momento de elevar la necesidad o emitir el criterio técnico que la sustenta.

Por ejemplo, la CGE emite el documento denominado Rendición de Cuentas con 309 páginas. En su página 11 hace referencia al proceso de auditoría de gestión a la operación, mantenimiento y estado actual de la Terminal Marítima Monteverde, en el cual indica que “la infraestructura, destinada a receptar y almacenar gas licuado de petróleo (GLP), presenta deterioro prematuro por falta de mantenimiento. La medición de los espesores de las placas y el desgaste por corrosión evidencian que Petroecuador no realizó mantenimientos preventivos periódicos, disminuyendo la vida útil de materiales”. En la página 12, referente a la auditoría de gestión a la operación, mantenimiento y al estado actual del proyecto Poliducto Pascuales Cuenca, indica que “se encontraron inconsistencias técnicas en los estudios de ingeniería básica y de detalle, por los que se pagó USD 10′113.755. En abril de 2014 cuando se iniciaron las obras, se identificó que las condiciones del terreno de la terminal Cuenca eran geológicamente desfavorables”.

Se puede evidenciar claramente que se contrata sin una justificación técnica adecuada, muchas veces en función de pagar un favor a la empresa que financió el cargo público de la máxima autoridad de la empresa. El Estado debe apuntar a que, antes del inicio del proceso de contratación, la necesidad sea realmente analizada y aprobada por un equipo técnico con la experticia adecuada y en un plazo concreto para no entorpecer la operación de las empresas. Esto, por ejemplo, hubiese permitido no tener un terreno vacío en donde debía existir una refinería. (O)