La abogacía es una de las carreras universitarias más populares de nuestro país, atrayendo anualmente a miles de estudiantes por encima de otras carreras como la ingeniería y las ciencias. Al día de hoy constan poco menos de 94.000 abogados inscritos en el Consejo de la Judicatura y los números crecen exponencialmente cada año. Sin embargo, pese a estas impresionantes cifras, en el Ecuador la profesión está en crisis, una crisis moral que desprestigia cada vez más lo que era otrora una noble profesión. El estereotipo del abogado corrupto, leguleyo, y que gana más casos por sus “favores” y “amistades” con jueces y magistrados que por su conocimiento de la ley, es uno que cada día más aplica al abogado ecuatoriano.

Abogados y cineastas

Los efectos de esta crisis repercuten mucho más allá de los confines de la profesión. La mala calaña moral de muchos abogados ecuatorianos está en el epicentro de varios otros problemas estructurales que aquejan diariamente a nuestro país. En Ecuador estamos harto familiarizados con los devastadores efectos de la corrupción judicial, pero pocas veces pensamos que detrás de todo juez corrupto también hay un abogado corrupto, quien en la práctica casi siempre es quien instiga, planea y coordina estos delitos. El problema se acrecienta por ciertas peculiaridades de nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, nuestro sistema descentralizado de protección constitucional, donde todos los jueces son competentes para declarar medidas cautelares constitucionales, es rutinariamente abusado por abogados inescrupulosos que utilizan este mecanismo, pensado para la ágil protección de derechos, para entorpecer o incluso chantajear a rivales comerciales.

En ese país, incluso la ebriedad pública es causal de pérdida de licencia, cosa que dejaría a muchos aquí sin trabajo.

Pero sin duda alguna uno de los factores de mayor peso que contribuyen a este problema es la virtual impunidad con la que los abogados pueden actuar en el Ecuador. En efecto, a diferencia de otras jurisdicciones como Estados Unidos o los países europeos, la abogacía de nuestro país carece de un robusto código de ética profesional que establezca sanciones claras y ejecutables por violaciones deontológicas. Para que un abogado aquí sea sancionado, su conducta prácticamente debe de revestir de tal gravedad que en sí misma sea constitutiva de delito. En los Estados Unidos, sin embargo, un abogado puede perder su licencia por conductas que lamentablemente se consideran “normales” en nuestro ejercicio diario, como presentar una acción judicial a sabiendas de ser contraria a derecho, o decir algo que se sabe es mentira ante un juez. En ese país, incluso la ebriedad pública es causal de pérdida de licencia, cosa que dejaría a muchos aquí sin trabajo.

Abogados

Nuestro país requiere urgentemente la aprobación de un comprehensivo código de ética profesional que regule el ejercicio de la abogacía. Códigos como el Model Rules of Professional Conduct (Las reglas modelo de conducta profesional) de los Estados Unidos o el Estatuto General de la Abogacía Española pueden fácilmente servir de modelo. Solo se requiere la voluntad política para lograrlo. Ese será el primer paso de muchos para solventar esta crisis. Es hora de salvar esta noble profesión. (O)