Los hechos están consumados. La respuesta de la Corte Constitucional es solo complementaria. Las Fuerzas Armadas están en las calles, decididas, apoyando a la Policía Nacional, en el combate permanente al crimen organizado y al narcotráfico, bajo el mando personal presidencial. Les esperan unas permanentes, duras y sacrificadas jornadas.

Bien ha hecho el presidente de la República, pasando por alto la negativa de la Corte Constitucional, y atender el pedido de la ciudadanía enfrentando esta batalla inicial y declarar estado de excepción. Asumió la responsabilidad política de ordenar el apoyo y la intervención de las FF. AA., ante el terrorismo criminal, provocando el llanto inmediato de las conocidas plañideras políticas y de sus corifeos, pidiendo su destitución. Condenan el uso de la progresiva y necesaria fuerza letal para el control de los reos de la Penitenciaría del Litoral. Lo acusan de atropello a los derechos humanos de los presos, soslayando que “los derechos humanos no pueden ser invocados como arbitrio negativo de las democracias, ni como Caballo de Troya de los extremistas…”, como lo expresara magistralmente el presidente Jaime Roldós Aguilera: ¡Primero la patria!

Guillermo Lasso acusa a ‘narcopolíticos de defender a las bandas criminales para tratar de desestabilizar la democracia e intentar volver al poder’

Ellos son los que, con sus fingidas lamentaciones, pretenden encubrir la corrupción que día a día las cortes de los EE. UU. nos confirman la usufructuación durante más de una década. Desvanece así la justicia norteamericana las persecuciones y el lawfare, con el que se victimizan internacionalmente, mediante campañas publicitarias millonarias.

El narcotráfico nació y creció alimentado por la corrupción histórica que padece la administración pública...

En nuestro país no han existido una política y estrategias de seguridad desde el Estado. Por lo contrario, se ha propiciado la infiltración paulatina del narcotráfico y el crimen organizado. El narcotráfico nació y creció alimentado por la corrupción histórica que padece la administración pública, en sus diferentes estamentos burocráticos. Generadora de la impunidad fruto del cohecho y el soborno. Fomentada por la complicidad de jueces y fiscales amorales y la benignidad de las leyes. Sin corrupción no hay narcotráfico, y sin narcotráfico no hay terrorismo. Erradicar este mal matriz debe ser la prioridad estratégica gubernamental, mediante reformas legales necesarias y urgentes, que le permitan obrar en consecuencia. De otra manera, viviremos como ocurre en otros países con la fuerza pública de por vida en las calles.

El presidente no solo debe gobernar, debe ejercer el poder que diariamente la Asamblea se lo conculca en la práctica. Hacerlos retroceder en sus intentos desestabilizadores. Recurrir al pueblo que se lo otorgó en las urnas con las preguntas adicionales a la consulta popular. Utilizarlas eficazmente. Formular peticiones fundamentales para el combate a la corrupción gubernamental mediante las reformas al Código Penal, la LOFJ, COA, y las que sean necesarias, que permitan depurar a la corrupta burocracia y la Función Judicial, sin los tropiezos jurídicos para su saneamiento, implantados en ellas por sus redactores. Todo esto sin perjuicio del combate indeclinable de la fuerza pública. ¡Es ahora o nunca! (O)