El momento que vive América Latina es oportuno para el estreno de la película Argentina 1985. Lo es por dos razones. La primera es la necesidad de la memoria histórica, entendida como un ejercicio colectivo para apropiarse del “nunca más” del mensaje final. El alegato de la defensa de los militares se basaba en la lucha contra la subversión, que ha sido la justificación usual en casos similares. La acusación del fiscal Strassera (protagonizado por Ricardo Darín) recogía el principio del Estado como garante del orden, pero sobre todo como primer cumplidor de este. Es muy claro su alegato cuando señala que los crímenes y en general los actos de terrorismo debían ser respondidos con la justicia, pero no con el secuestro y la desaparición de personas como fue la práctica a lo largo de esos años. Es un necesario ejercicio de memoria, especialmente ahora que las democracias están asediadas desde diversos flancos y se multiplican los llamados a la mano dura.

La otra razón es el tema de la justicia como garantía de la convivencia social y como reparación colectiva de la sociedad. Este doble aspecto constituye el mensaje del filme y es el mismo que, bajo otras condiciones, se encuentra actualmente en el centro del debate político en muchos países del continente. La diferencia con el caso real recogido en la película es que quienes ahora buscan impedir aquel objetivo de la justicia no son los responsables de una dictadura genocida que deben responder por sus crímenes, sino unos políticos que ocuparon cargos por medios democráticos y que tienen cuentas pendientes por corrupción. La similitud está en que unos y otros buscan obstaculizar la acción de la justicia porque la única posibilidad que tienen para permanecer en el espacio público es la impunidad.

Es un necesario ejercicio de memoria, especialmente ahora que las democracias están asediadas desde diversos flancos y se multiplican los llamados a la mano dura.

Se podrá decir que no se puede equiparar ambas situaciones, ya que los delitos que día tras día salen a la luz no tienen parangón con la brutalidad sanguinaria de la dictadura argentina (y en general de las dictaduras que asolaron el continente en esos años). En efecto, en ese aspecto no existe similitud. Pero sí se puede afirmar que las acciones de unos y otros erosionan a la justicia y con ello reducen los ámbitos de la convivencia social. Las alusiones a la guerra legal o judicial (lawfare) son, en la mayoría de los casos, formas de desacreditar a la justicia, como fueron las acusaciones de complicidad con los subversivos en aquellos tiempos violentos. Ciertamente, los sistemas de justicia de estos países abonan esa percepción con sus múltiples casos de corrupción y con el bajo nivel de buena parte de sus integrantes. Pero, sobre todo, influye la pasividad de una sociedad que mira a la justicia como algo abstracto y ajeno a su vivir cotidiano (a diferencia del público activo y vigilante recogido como metáfora en la película).

Más que una película de juicio con acusador, acusados y defensor, Argentina 1985 contiene un fuerte clamor por el imperio de la ley. Recoge implícitamente la noción de delito de lesa humanidad, aquella definición establecida para juzgar a los jerarcas nazis y que hizo posible su condena (como lo refiere Philippe Sands en Calle este-oeste). Todo ello cabe en esas dos palabras: nunca más. (O)