El 13 de abril, Daniel Noboa ganó “con amplitud” la Presidencia del Ecuador, y con él, su plan de gobierno 2025-2029, por lo que la mayoría de los ecuatorianos votamos impelidos por “no dar más largas” al camino del progreso. Uno de los ejes fundamentales del indicado plan es el “económico, productivo y empleo”, cuyo objetivo declarado es el “desarrollo económico sostenible para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos”, tiene como propósito, entre otros, el “fomento de un sistema financiero sólido y sostenible vía la ampliación del acceso y cobertura de los servicios financieros, impulsando la creación de productos accesibles y adaptados a las necesidades de la población, estableciendo campañas de educación financiera”.
La prioridad es el crecimiento
Lo indicado en el plan de gobierno de ADN requiere de la priorización y fortalecimiento de una política pública inteligente basada en evidencias sobre “inclusión financiera”, con visión, sentido de urgencia y determinación para hacerlo, que contemple la articulación de sus cuatro pilares básicos: acceso, uso, educación financiera y “protección al consumidor”.
La citada política pública se constituye en un eje central para el crecimiento sustentable, inclusivo y ético, pues si más de la mitad de la población está excluida de la actividad financiera, resulta obvio la necesidad de impulsar activamente en el país la “protección al consumidor financiero”, con una medida de trato justo que contribuya a la oferta de productos y servicios financieros, seguros, eficientes (velocidad y reducción de distancias generacionales, físicas, transaccionalidad, etc.), a precios adecuados; que disminuyan la discriminación, inequidad, marginación; que favorezcan el ingreso y bienestar de los usuarios financieros, el desarrollo sostenible y crecimiento justo, y tejido social.
La implementación de políticas, normas y procesos de ‘protección al consumidor financiero’ deben modernizarse, tomando en cuenta la digitalización, aprendizaje automático e inteligencia artificial de los productos que ofrecen las entidades financieras, a la vez que supervisar y gestionar los riesgos. Es menester aplicar cabalmente los principios de alto nivel sobre la protección del consumidor financiero, expuestos a finales de 2022 por la OECD, en especial en lo referente a mejorar la educación, tramitación de conflictos y la supervisión financiera para los consumidores.
Avanzar al crecimiento económico vía la inclusión financiera requiere que supervisores, autoridades y administradores de entidades financieras implementen, sin más demora, los principios, normas y procesos citados en las mejores prácticas, teniendo como centro la ‘protección al consumidor financiero’, frente a posibles prácticas abusivas y fraudes. Impulsando la seguridad en los usuarios financieros, a través de: la entrega de información amplia y de fácil acceso, eliminación de prácticas desleales, cuidado de los datos personales, trato justo y enfoque en el cliente, prevención del sobrendeudamiento, mejora de canales de atención al cliente para resolución de controversias, difusión de campañas de concienciación, gestión eficaz de los derechos y riesgos; para mejorar el bienestar de los consumidores financieros. (O)
