Los estudiantes de la Costa y Galápagos prevén regresar a clases este lunes 24 de abril, sin embargo, ya hay un listado de planteles para los que se ha aplazado el retorno, básicamente por problemas de infraestructura.
Son 361 unidades fiscales que postergarán de tres a seis días el inicio presencial del año lectivo 2023-2024, debido a los daños ocasionados por las lluvias. Según el último barrido del Ministerio de Educación –hecho público el 20 de abril–, hay 754 instituciones que siguen reportando alguna afectación.
Esto en lo que corresponde a la educación fiscal. En la privada ya están en clases y las preocupaciones de los padres tienen una coincidencia puntual, adicional al clima.
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En ese contexto la deserción escolar amenaza con acrecentarse, empujada por un factor que se suma a los que ya el año pasado identificaba el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC): la inseguridad.
Los padres con niños en colegios particulares optan en mayor número por llevarlos personalmente a clases en lugar de enviarlos en expresos. Y tanto en ese sector como en el público los representantes de los menores hablan de la necesidad de clases virtuales ante la ola delictiva.
Tras el periodo virtual impuesto por el COVID-19 la Unicef advirtió que la brecha digital se trasladó a la educación y en una encuesta determinó que el 60 % de los estudiantes aprendieron menos con este sistema. Información del organismo señaló en 2021 que 90.000 niños dejaron de estudiar en Ecuador durante la pandemia.
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Por registros de INEC se sabe que el 4,1 % de menores entre 5 y 17 años dejaron sus escuelas o colegios en 2022. La causa principal fue falta de recursos económicos. Ese factor no ha desaparecido, pero la inseguridad es el que más se repite hoy entre padres que sugieren clases virtuales e incluso rescatan frases de pandemia: ‘lo prefiero vivo’. El tema es que en el país no se tienen las mejores herramientas y pedagogía para la virtualidad y la inseguridad amenaza a todos. No obstante, la deserción solo incrementa una deuda que genera más inequidad sin que desde las funciones del Estado se escuchen soluciones que urgen. (O)
