La prevención –aconsejada para no tener que remediar o lamentar– casi siempre suele ser desestimada. Sin embargo, con el cúmulo de experiencias surgidas en torno a la pandemia del coronavirus, es tiempo de conferirle la importancia que requiere.

Dos nuevas medidas preventivas, adicionales a las anunciadas por el presidente, fueron emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional el martes: exigir el certificado de vacunación con esquema completo para los funcionarios públicos que trabajan en modalidad presencial en las instituciones públicas del Ejecutivo y aplazar la reapertura del puente Rumichaca en la frontera con Colombia.

En relación con la exigencia del carné de vacunación, se hace la salvedad de que quienes no estén vacunados se acojan a la modalidad de teletrabajo, pero se exhorta a las entidades públicas y privadas a aplicar esta medida en sus instituciones.

Este es un tema que merece especial atención por parte de quienes trazan las directrices, y de concienciación de parte de la ciudadanía. En otros países empieza a regir la obligatoriedad de la vacuna para el sector laboral y la presentación del carné de inmunización para los trabajadores, motor del funcionamiento económico y social. Son los trabajadores los que salen, interactúan y regresan a sus hogares; si no están vacunados y adquieren el virus, ponen en riesgo sus vidas y la de las personas con quienes se relacionan.

La población debe considerar que probablemente el 2022 y el 2023 sigan siendo años pandémicos. Se prevé contener la propagación de nuevas variantes del SARS-CoV-2 con la inmunidad de rebaño, lo cual en Ecuador no se ha podido lograr, no por falta de vacunas sino por la indolencia de quienes rehúsan inmunizarse.

El costo que supone el tratamiento de cada paciente grave, en hospitalización, cuidados intensivos, medicinas y consultas poshospitalización son onerosos, y afrontarlos empeora la situación de la económica pública, mientras muchos enfermos con otras dolencias padecen por escasez de medicinas. (O)