Solo en el 2022 el Ministerio de Salud Pública recibió en hospitales de la Zona 8 (Guayaquil, Samborondón y Durán) a 300 mujeres embarazadas con problemas de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. Además, atendió a 90 bebés con síndrome de abstinencia en cuatro hospitales del área. No son cifras frías sino una realidad social que afecta a toda la sociedad.

El síndrome de abstinencia neonatal deja secuelas a corto y largo plazo. Niños prematuros, vómito, nerviosismo, convulsiones, defectos congénitos, dificultades de aprendizaje son, entre otras, las consecuencias para un hijo de mujeres que consumen drogas durante el embarazo.

Ellas requieren de un proceso de desintoxicación asistida para que el bebé sufra lo menos posible.

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El sistema de atención de salud tiene el reto de detectar y atender a personas que bajo la dependencia de las drogas se convierten en un peligro para el ser que llevan en el vientre y luego que lo alumbran si se mantienen en la adicción.

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En este punto del camino el problema avanza en cadena. Por un lado, un drogadicto es capaz de robar, secuestrar, prostituirse y hasta matar para abastecerse.

Por otro lado, los pequeños que crecen en el abandono y sin valores son presa de delincuentes que los reclutan primero para comercializar droga y luego los involucran en otros delitos. Estos riesgos son parte de los argumentos que se esgrimen contra las tablas de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, vigentes desde el 2013 para sancionar el tráfico ilícito.

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La legislación de entonces consideró que las tablas permitirían diferenciar a consumidores de microtraficantes y narcotraficantes. En diciembre pasado el tema volvió a debate y en el programa de gobierno de Guillermo Lasso presentado al CNE cuando fue candidato se ofreció eliminarlas. Lo cierto es que hoy las drogas siguen afectando, incluso a niños desde antes de nacer, lo que clama atención y medidas de prevención a las autoridades del Gobierno central, a la legislación y judicial para frenar el micro y narcotráfico. (O)