El viernes pasado, el gobierno de Daniel Noboa anunció que se investigará el origen del patrimonio de jueces y fiscales que liberen a narcotraficantes, secuestradores y homicidas. La coyuntura de inseguridad ha puesto el tema sobre el tapete y es oportuno ampliar las indagaciones a miembros de diversas entidades para no solo determinar irregularidades, sino hacer una depuración profunda, transparente de las instituciones políticas y de servicio.
De enero a abril de 2025 el Ministerio del Interior registró 3.084 homicidios. Datos de la misma cartera señalan que se ha detenido a 960 personas relacionadas con el delito de extorsión y a 434 por secuestro. Y el régimen ha reclamado al Poder Judicial ‘hacer su parte’.
Desde esa función hay diversos argumentos, entre ellos, datos incompletos o inconsistencias en documentos de detención e inclusive pedidos de medidas cautelares por falta de pruebas.
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Las investigaciones deben ir a todos los estamentos, porque es conocido que los grupos de delincuencia organizada han tratado de contaminar sin discrimen.
La función de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos tiene las herramientas y está obligada a usarlas.
El Ministerio del Interior, por su parte, anunció la noche del 9 de junio que aceptó la invitación realizada por el Consejo de la Judicatura para conformar una mesa de seguridad en la que se articule el trabajo interinstitucional junto con la Fiscalía General del Estado para atacar medidas ineficientes e inaceptables.
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En medio de la ola de violencia que indigna a la sociedad es positivo que las autoridades empiecen a buscar mecanismos para ofrecer la seguridad que le adeudan al país. Las confrontaciones y ataques lo único que hacen es llenar las redes sociales de odio y polarizar, cuando lo que se urge es solucionar y depurar al país de malos funcionarios. (O)
