El caso ‘Palacio Urrutia y otros vs. Ecuador’, también conocido como ‘El Universo contra el Estado ecuatoriano’, que se lleva en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), revisa la pasividad del Estado ante la utilización de la justicia, por un régimen abusivo, para impedir el cabal ejercicio de la libertad de expresión en el país.

La querella busca en un tribunal internacional que se haga justicia y se reparen de manera integral los daños causados, con el fin de que no se repita el abuso.

En audiencia pública, los jueces escucharon a especialistas, querellantes y representantes del Estado ecuatoriano que se refirieron al proceso judicial impulsado por Rafael Correa, mientras ejercía la presidencia del Ecuador, por la publicación de un artículo de opinión que culminó con sentencia condenatoria –en primera y segunda instancia– de tres años de prisión para su autor, Emilio Palacio, y los directivos del Diario: Carlos, César y Nicolás Pérez, más el pago de una indemnización por 40 millones de dólares, que luego fue ‘perdonada’.

Si bien la representante de la Procuraduría expresó en la audiencia que el Estado reconoce que las víctimas sufrieron una violación de sus derechos de libertad de expresión, debido proceso y garantías judiciales, insistió en que los efectos de esas violaciones se deben limitar al tiempo en que duró el proceso penal únicamente y que las sanciones no fueron ejecutadas. Todo ello, a pesar de que admitió que la sanción penal y la indemnización de carácter civil resultaron desproporcionadas e innecesarias, y que la pena impuesta tiene la capacidad de producir un efecto intimidatorio para el ejercicio de la libertad de expresión, en perjuicio no solo de las presuntas víctimas de este caso, sino de todos los periodistas y medios de comunicación y la sociedad en su conjunto. Sin embargo, nada dijo respecto a la actuación del juez Juan Paredes, quien emitió como suya una sentencia que le fue proporcionada por medios externos y que fuera posteriormente ascendido. En los alegatos que se presentarán por escrito hasta el 16 de julio deberá constar cómo se lo sancionará. (O)