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Jorge Glas cumple una pena unificada de ocho años de cárcel por delitos de corrupción y mantienen un proceso por peculado en elcaso Reconstrucción de Manabí.
Se determinó que hubo violaciones a los derechos humanos y se dispuso que el Estado tome medidas de reparación para evitar que las vulneraciones se repitan.
La CIDH amplió las medidas cautelares al exvicepresidente el pasado 11 de febrero. En octubre de 2024 lo visitaron en la cárcel de La Roca en Guayaquil.
Crimen ocurrió el 2 de marzo de 2016, en el oeste del país.
Jueves 13 de febrero: Jorge Glas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado ecuatoriano a que traslade al exvicepresidente a otro centro carcelario.
El Estado mexicano reiteró su pedido de un salvoconducto para el exvicepresidente.
Según la defensa de Assange, las sentencias impugnadas violaban el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la seguridad jurídica.
Comisión insta a que se mejoren las condiciones de detención del político.
Desde el 2020 hasta el 2024 se han registrado 591 presos fallecidos.
La CIDH recordó que María Corina Machado es beneficiaria de medidas cautelares.
La noche del 5 de abril, el exvicepresidente fue capturado dentro de la Embajada de México en Quito y un día después fue llevado hasta la cárcel de La Roca.
Su equipo de abogados acudió a la Asamblea Nacional para exhortar a los asambleístas a que se analice si hubo arrogación de funciones.
La delegación llegó al centro carcelario en medio de un operativo de seguridad. En el exterior se concentraron simpatizantes del exvicepresidente.
Simpatizantes del exmandatario se apostaron en los alrededores de la cárcel a la espera de los expertos internacionales.
El encuentro está previsto para horas de la tarde y los delegados mantendrán también dos reuniones con autoridades del Gobierno.
El exvicepresidente y el correísmo sostienen que las condiciones en las que se encuentra recluido han agravado sus enfermedades y su estado psicológico.
El organismo dice que una supuesta visita de la CIDH se iba a concretar a finales de septiembre, pero fue suspendida por el gobierno de Daniel Noboa.
Comisión pidió al gobierno del presidente Nayib Bukele que lo derogue.
El pedido de la Revolución Ciudadana será puesto en conocimiento de la presidenta del organismo y del relator para Ecuador y personas privadas de la libertad.