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El organismo difundió un comunicado en el que exhorta al Estado ecuatoriano a garantizar la administración de justicia constitucional.
El organismo aceptó a trámite la querella y ahora debe determinar si el caso puede avanzar en el sistema interamericano.
Según lo revelado en su asamblea de socios de 2025, la deuda del equipo amarillo actualmente se acerca a los $ 54,1 millones.
Su proceso está, por ahora, en la fase de admisibilidad. El expresidente sostiene que cualquier reparación económica no compensa el daño sufrido en 28 años.
El expresidente asegura que entregó al organismo todas las pruebas que evidencian el golpe de Estado que se configuró en su contra.
Patricia Ochoa difundió un mensaje en redes sociales en el que alertó de esta acción en la Fiscalía General hasta que “aparezcan pruebas nuevas”.
La Corte en el caso Camba Campos vs. Ecuador sancionó al Estado y dispuso el pago de indemnizaciones que superó los $ 2,5 millones y no se aplicó la repetición.
Domingo 17 de agosto: Abdalá Bucaram y la CIDH.
La CIDH inició la etapa de admisibilidad de una querella interpuesta por Bucaram; ha pedido información sobre el ‘golpe de Estado’.
La Procuraduría pidió información a la Corte Constitucional, ya que el Estado fue notificado de una petición que hizo Patricia Ochoa, viuda del comandante.
Los desplazamientos internos (migraciones forzosas que no implican cruce de fronteras) golpean a las familias guayaquileñas.
Jueves 3 de julio: Ahora sí vale la CIDH.
Jorge Glas cumple una pena unificada de ocho años de cárcel por delitos de corrupción y mantienen un proceso por peculado en elcaso Reconstrucción de Manabí.
Se determinó que hubo violaciones a los derechos humanos y se dispuso que el Estado tome medidas de reparación para evitar que las vulneraciones se repitan.
La CIDH amplió las medidas cautelares al exvicepresidente el pasado 11 de febrero. En octubre de 2024 lo visitaron en la cárcel de La Roca en Guayaquil.
Crimen ocurrió el 2 de marzo de 2016, en el oeste del país.
Jueves 13 de febrero: Jorge Glas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado ecuatoriano a que traslade al exvicepresidente a otro centro carcelario.
El Estado mexicano reiteró su pedido de un salvoconducto para el exvicepresidente.
Según la defensa de Assange, las sentencias impugnadas violaban el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la seguridad jurídica.