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Claro que ya lo hicieron y con eso nos condenaron a vivir lo que hoy vivimos...
Entre el 2014 y 2023, Fiscalía ha investigado más de 95.000 procesos relacionados al tráfico de droga. De ellos, apenas el 34 % tuvo sentencia condenatoria.
La Fiscalía asegura que ha recabado los elementos de convicción suficientes para formular cargos contra ocho funcionarios del Consejo de la Judicatura.
Un individuo le asestó varias puñaladas en el cuerpo y le rompió la mandíbula.
Jueces probos, que hay, y Fiscalía con gran equipo y cabeza, conocen los puntos débiles del sistema penal; tienen la palabra para preparar reformas al COIP.
La documentación solicitada es indispensable para que los actores de la cadena, registrada en el Sistema de Control Bananero, mantengan su registro activo.
Cada vez se cometen nuevas formas de delitos financieros, lo que requiere de una verificación de cada cliente cada vez más exhaustiva, de diligencia eficiente.
La Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de Capacidades Institucionales y Ley de Seguridad fue publicada en marzo pasado.
El sistema falla, los castigos no se cumplen, los delincuentes se mofan de la administración de justicia...
Accionar configura un hurto que se sanciona hasta con dos años de pena privativa de libertad, explica abogado.
El proyecto de ley fue aprobado con 117 votos y pasará a conocimiento del Ejecutivo para su sanción o veto en un plazo de 30 días
Los jueces deben cumplir con la ley y defender el derecho de las víctimas y de los ciudadanos, y sobre todo, no tener preferencia por los delincuentes.
En los casos de niñez y adolescencia, a la privación de libertad se le llama "apremio personal".
Las preguntas plantean reformas al COIP y a la Ley de Régimen Tributario en temas referidos a la incautación de bienes, la extorsión y el empleo.
Se plantean penas privativas de libertad de hasta 12 años para la extorsión con amenaza de muerte y hasta 26 años para el asesinato por extorsión.
En Manabí dos juristas discrepan de sancionar como adultos a menores de edad involucrados en delitos penales.
CNE solo controla origen y destino de dinero invertido. De darse casos, implicados, además de condena penal, son multados por TCE y pierden derechos políticos.
Los asambleístas, con ocasión de sus proyectos de ley reformatorias al COIP, no toman en consideración el ordenamiento jurídico vigente.
Sucesos en graderío durante Clásico del Astillero del miércoles hallan castigo en ley vigente desde 2014.
El presidente Iván Saquicela cree que las infracciones de tránsito, con excepción de las que son graves, pueden tener respuesta desde el ámbito administrativo.