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Con la nueva Ley de Integridad Pública se eliminó un inciso que trata sobre el acoso laboral.
El Frente Popular se adherirá a la convocatoria de la UNE para rechazar las reformas laborales a la Losep que llevan cinco días de vigencia.
El funcionario está en el cargo desde mayo del 2023.
Es hora de que el servicio público ecuatoriano se constituya en una carrera rigurosa y sujeta a escrutinio permanente.
Los funcionarios públicos, incluido el docente, deben estar dotados de ética y moral.
La ley ya fue publicada en el Registro Oficial este jueves, 26 de junio.
Un sector de los servidores considera que la ley de Integridad Pública aclararía la aplicación de los sumarios; y, el FUT advierte que provocará despidos.
La Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (Antep) rechazó la desvinculación de 70 servidores.
En la actual administración, Nathaly Morillo (ADN) insistirá en la fiscalización de los 16 nombramientos provisionales que se entregaron en el anterior periodo
El ente analiza reformas al reglamento del concurso de fiscal general del Estado y fortalecerá veeduría ciudadana a este concurso.
El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador tiene un nuevo director general con experiencia tanto en el sector público como en el privado.
Es bien recibida la decisión del presidente de la Asamblea, quien con ese mismo rigor debe convertirse en vigilante del actuar del Legislativo.
"Me gustaría dar las gracias al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto superfluo”, escribió en su red X.
“En reconocimiento a sus valiosos servicios, lealtad, profesionalismo y contribución al fortalecimiento institucional del Gobierno nacional”.
El nuevo director general del Sercop también es delegado del presidente en la Arconel y en la Arcom.
En los últimos días se ha elegido a nuevas autoridades de la Asamblea, motivo por el que se espera eficiencia, agilidad y honestidad.
Este caso es investigado por el presunto delito de peculado.
Estuvo en el cargo desde febrero pasado. Además fue representante del Ejecutivo en el Comité Nacional de Coordinación Fiscal.
En un plazo de 180 días los proponentes deben recolectar unas 200.000 firmas.
En total hay cinco ciudadanos aprehendidos, quienes fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía.