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Los observadores de la OEA iniciaron su despliegue el pasado 4 de abril.
ADN y RC-RETO podrían impugnar los resultados electorales ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Siete instituciones de control están con titulares prorrogados. Hernán Ulloa, expresidente del organismo, cree que pasarán unos dos años para tener un fiscal.
Manuel Peñafiel, quien interpuso la denuncia, no presentó los requisitos que solicitó el TCE para sustentar su causa.
La vicepresidenta, a quien le retiraron sus derechos políticos, anunció su regreso a través de X.
La vicepresidenta presentó una acción extraordinaria de protección para que se trate su denuncia en contra de Daniel Noboa y otros.
Annabelle Azín, madre del candidato-presidente Daniel Noboa, está en el primer puesto de acuerdo con el reporte de resultados.
La causa fue presentada el 4 de abril de 2025 y por sorteo corresponde el trámite al juez electoral Guillermo Ortega, quien ya emitió la primera providencia.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, indicó que el procesamiento de estas posibles sanciones se realizará en una etapa poselectoral.
Corte Constitucional determinó la constitucionalidad condicionada de la resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral.
Abad fue suspendida por dos años de ejercer sus derechos políticos tras sentencia del TCE, pero ella reitera que eso no implica la destitución de su cargo.
Los electores que incumplan con esta disposición impuesta por el CNE se exponen a una multa de entre $ 9.000 y $ 30.000.
El juez ponente, Richard Ortiz, envió a los jueces su proyecto de dictamen para la votación. CNE prohibió tomar fotografías de la papeleta rayada.
En dos instancias, el TCE ratificó la responsabilidad de Verónica Abad en una violencia política de género, infracción electoral definida como muy grave.
El TCE dispuso al Ministerio del Trabajo que inscriba la suspensión de derechos de participación de Verónica Abad y el impedimento de ejercer cargo público.
Los jueces electorales Richard González y Fernando Muñoz ejercieron un voto salvado (en contra) del auto de mayoría emitido por otros tres jueces del TCE.
La sanción contra Verónica Abad incluye el pago de una multa por 30 salarios básicos ($ 14.000) y una disculpa pública a la canciller Gabriela Sommerfeld.
Tribunal Contencioso Electoral dispuso ejecutar sanción por denuncia de violencia política. Juez Muñoz dijo que esto implica una ‘remoción indirecta’ de Abad.
Tribunal Contencioso Electoral sesionará para resolver un recurso final y su fallo, que la declara responsable de violencia política de género, estará en firme.
Abogado planteó demanda porque considera que la resolución del CNE afecta derechos y libertades de la ciudadanía.