Una mañana de febrero, camino al trabajo, Javier quedó desconcertado cuando encendió su celular y le ingresaron notificaciones de consumo de su tarjeta de crédito.

Eran avisos de tres consumos hechos con su tarjeta: dos en una aerolínea extranjera y otro en una firma foránea de servicio de streaming. Los tres consumos superaban los 1.000 dólares.

Al principio creyó que era un error de notificación, que el mensaje tal vez iba dirigido a otro cliente.

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Javier recién se enteraba de que esos consumos se habían hecho el día anterior. Justo ese día, por motivos laborales, había mantenido apagado su celular y no se había percatado de esos consumos que se hicieron uno tras otro.

“Como tuve apagado mi celular, recién me percaté de la notificación al día siguiente. Y tal vez quien estaba haciendo uso fraudulento de mi tarjeta, al ver que no la bloqueé enseguida, aprovechó para realizar los tres consumos”, cuenta Javier.

‘Fui a una gasolinera, entregué la tarjeta y al otro día tenía consumos que no hice en equipos y servicios de streaming’

Este cliente de uno de los mayores bancos del país, que maneja una tarjeta con consumos autorizados para más de 10.000 dólares, cree que la tarjeta fue mal usada en una gasolinera de Guayaquil.

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Rastreando sus últimos consumos, él recuerda que el único lugar donde entregó físicamente la tarjeta fue en una gasolinera. Cuenta que en los comercios es muy meticuloso y como la tarjeta tiene chip suele ponerla para que debiten el pago. Pero en la gasolinera era el único establecimiento donde no podía ver bien la transacción del despachador, por la distancia que separa el carro del dispensador de combustible.

Javier cuenta que tras notificar al banco, la tarjeta quedó bloqueada, pero le indicaron que para que los consumos no se le imputen debía realizar un trámite de consumos no reconocidos realizados con la tarjeta. Para eso debió pagar 10 dólares.

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A más de llenar el formulario con el reporte de los consumos objeto del reclamo, debió adjuntar copia de cédula, una foto escaneada de la tarjeta de crédito perforada que fue objeto del reclamo. Y al perforarla debió pagar por la emisión de una nueva.

En el banco le indicaron que el trámite de su reclamo podía durar hasta 45 días laborables.

“Cuando hice el reclamo me hicieron una nota de crédito por los valores que supuestamente había consumido, es decir, no me cobraban esos consumos hasta que se resuelva el reclamo. Pasaron más de 45 días de la fecha y yo mismo tuve que llamar y escribir una y otra vez para que me digan si el trámite se había resuelto”, dijo.

Desde esa experiencia, Javier suele ser ahora más cuidadoso con su tarjeta. ”Dentro de Guayaquil voy ahora a una misma gasolinera y trato de que el despachador haga la transacción de manera visible”, cuenta.

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Como este caso hay otros que ha recogido este Diario sobre el uso fraudulento de tarjetas que se estaría realizando.

Oswaldo, otro cliente de un emisor de tarjetas, comentó que semanas atrás tuvo una notificación de consumo en servicios de tecnología que él no hizo. Él, en cambio, se percató rápido de la notificación y llamó al banco.

Tres sentenciados por estafa bajo la modalidad ‘cambiazo’ de tarjetas en Cuenca

Él también cree que usaron su tarjeta en una gasolinera, porque no recuerda haber hecho consumos en comercios donde haya habido riesgo de que se tomen sus datos.

A él le hicieron una nota de crédito y no le cobraron el consumo fraudulento que se hizo con su tarjeta. No denunció en la Fiscalía porque en el banco le indicaron que esperara el proceso para resolver el reclamo.

Ambos creen que se debería tener un mecanismo de mayor control en gasolineras, porque puede ser que sea un canal por donde se estén filtrando datos.

Este Diario recogió el 2 de octubre otros casos en los que usuarios creen que se usaron los datos de tarjetas en las estaciones de servicio.

Este tipo de apropiación fraudulenta a través de medios electrónicos es un delito tipificado en el artículo 190 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

A la Fiscalía, de enero a agosto del 2023 ha llegado un total de 2.059 denuncias por este delito en todo el territorio nacional.

Las provincias que más casos de este tipo reportan son Pichincha, con 599; le sigue Guayas, con 569 denuncias; y en tercer lugar está Manabí, con 169 casos de apropiación fraudulenta a través de medios electrónicos. (I)