La Federación Médica Ecuatoriana y otros gremios de salud levantaron su voz por la situación de inseguridad que viven los profesionales médicos que ejercen su año de servicio rural en distintas localidades del país.

Esta semana, el Colegio de Médicos del Guayas también expuso que han recibido al menos 50 pedidos de ayuda de profesionales que han sido amenazados y extorsionados en lugares donde cumplen el año de medicina rural.

Uno de los casos que más trascendió fue el crimen de Steven Aguirre Giler, médico de 25 años que fue asesinado durante un intento de secuestro en El Empalme.

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Este jueves, Wilson Tenorio, presidente de la Federación Médica, explicó que demandan del Gobierno nacional que se revise la obligatoriedad del cumplimiento del año de salud rural frente al escenario de los múltiples atentados contra la integridad y episodios de violencia que atentan contra los ciudadanos y profesionales de la salud.

“No esperamos más muertos, profesionales de salud rural que fallezcan, obviamente existen médicos que ejercen su labor privada y son amenazados y son objeto de estas vacunas, ese es el panorama en el cual se desempeñan los profesionales”, comentó.

Además, exigió que se den acciones técnicas y se promulgue un trabajo en conjunto entre Gobierno y municipios para fortalecer las seguridades en estas localidades y poblados rurales donde se dan escenarios delictivos.

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José Luis Aguirre, presidente nacional de la Federación de Profesionales de Salud Rural, que incluye a varias asociaciones, mencionó que el problema se extiende con profesionales de planta que trabajan en centros de salud y que son víctimas de acoso y pedidos extorsivos.

En el caso de colegas que cumplen el año de servicio rural y otros profesionales de salud, se les hacen pedidos extorsivos de 100 a 200 dólares por semana, agregó.

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Este año, entre enero y mayo, han recibido al menos 600 a 700 alertas de denuncias en su gremio por parte de compañeros que cumplen el internado rural y que han sufrido robos, amenazas, intimidaciones, acoso, entre otros. Estos casos suelen concentrarse en provincias de la Costa y Amazonía, detalló.

“Pedimos las garantías necesarias, la seguridad, sin embargo, la mayor parte de profesionales de salud tiene temor a hacer una denuncia ante Fiscalía por el miedo a represalias, no tienen una garantía”; expresó Aguirre.

Entre los representantes de agrupaciones, los dirigentes estimaron que no descartan realizar movilizaciones en caso de falta de respuestas y acciones de entidades gubernamentales.

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Joaury Terán, presidente de la Asociación de Internos Rotativos de Medicina del Guayas, agregó que en su caso y compañeros han sufrido de actos delincuenciales y pedidos extorsivos en determinados sectores, como zonas del sur de la urbe y espacios de Nueva Prosperina, al retirarse o ingresar a sus jornadas de guardias.

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En ciertos casos, Terán mencionó que a sus colegas les solicitan pagos desde $ 5 por día hasta $ 40 u $ 80 por mes. “Los tienen estudiados para posterior a eso robarles, extorsionarlos, escribirles por redes sociales; no podemos cargar distintivos en mandiles, porque nos localizan por todos los medios posibles”, aseveró.

Él pidió que se coloquen unidades de Policía en alrededores de centros médicos, se intensifiquen rondas de patrulleros y se destine acompañamiento a los internos que llegan o salen de sus sitios de trabajo.

Miguel Palacios, presidente la Junta Cívica de Guayaquil, insistió en que se debe impedir que el año de medicina rural siga adelante por el complejo escenario que enfrentan. Además, instó a que los militares protejan a los médicos.

En ese sentido, expuso que los médicos en año rural que estén en pueblos vayan a hospitales y los médicos de Fuerzas Armadas se dirijan con militares a sitios donde sean requeridos por sus niveles de índices delictivos. “Esto es una exigencia, la vida no tiene precio”, comentó Palacios. (I)