El fiscal César Suárez llegó este lunes a la sede de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), ubicada en La Garzota, norte de Guayaquil, junto con agentes de Criminalística para fijar tres contratos firmados en abril del 2020, durante la emergencia sanitaria.

En ese entonces, de acuerdo con la Fiscalía, se adjudicaron tres contratos por 18.000 dólares para desinfectar 204 vehículos de la entidad y las instalaciones de CNEL.

La firma del documento se dio por ínfima cuantía, es decir, se escogió la oferta con el valor más bajo. Ahora, 18 meses después, la Contraloría detectó que la empresa adjudicada para esta desinfección de los carros no estaría registrada en el Servicio de Rentas Internas (SRI), por lo que la entidad de control realizó un informe con indicios de responsabilidad penal.

Así la Fiscalía inició una investigación previa por el delito de peculado contra los funcionarios que estaban a cargo de CNEL en esa época, que autorizaron y firmaron los cuestionados contratos.

Contraloría determina por ahora responsabilidad solo para dos personas, pero hay más funcionarios que serían investigados. Ellos serán notificados para que puedan acercar a comparecer a un abogado a la Fiscalía del Guayas, explicó Suárez.

En el informe de Contraloría se detectó que el pago por los servicios se había realizado, pero la Fiscalía investiga si finalmente el servicio de desinfección se dio.

El fiscal dijo que se va a determinar el perjuicio al Estado una vez que se tenga las pericias judiciales y contables.

Además, se va a solicitar un informe al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) respecto al procedimiento realizado en esta adjudicación. (I)