Las fundaciones que operan en Guayaquil, cuna del voluntariado en el país, están al borde del colapso. Dos crisis las han golpeado de forma contundente: una económica, que empezó en 2015, y la sanitaria, por la pandemia del COVID-19, que agudizó sus problemas desde 2020 hasta hoy.

Para mantenerse a flote en el mar de problemas, algunas liquidaron el poco personal que tenían con relación de dependencia, necesarios para su operatividad, más allá del apoyo de los voluntarios, que no son remunerados; pero la legislación laboral y la tributaria han sido cargas difíciles de soportar y estas instituciones que ayudan en áreas como la salud, educación, protección a niños y ancianos, se están hundiendo. Por eso, hacen un llamado de auxilio al Gobierno y a la Asamblea Nacional.

Los perjudicados: los usuarios que cada vez reciben menos atenciones. Ejemplos, por desgracia, sobran. La fundación Otoño Inolvidable, que antes de la pandemia entregaba a adultos mayores de escasos recursos 100 desayunos los martes y la misma cantidad de almuerzos, los miércoles, jueves y viernes, ahora solo puede ofrecer 25.

Publicidad

“Y no es porque haya menos necesitados, es porque ya no tenemos recursos para más”, dice Luis Cortez, presidente de esta fundación ubicada en el Barrio del Seguro. Con esfuerzo propio y de amigos ha logrado mantener el centenar de desayunos los martes, pero debido a que las donaciones que antes recibía han menguado, ha tenido que reducir en un 75 % el número de comensales.

“Es lo más duro que me ha tocado hacer, se me parte el corazón no poder ayudar a todos nuestros beneficiarios, tenemos que ver quiénes almorzaron una semana para darle de comer a otros, así los vamos turnando por medio de tiques que entregamos los martes con el desayuno”, cuenta Luis. “Cuando no comen aquí, ellos van a la iglesia San Agustín o la María Auxiliadora”, que también ofrece alimentos a los más necesitados.

Otoño Inolvidable tramita su inclusión para ser beneficiaria del Banco de Alimentos Diakonía y espera una respuesta favorable para tratar de sostener su actividad.

Publicidad

La fundación Otoño Inolvidable ofrece alimentos a personas de la tercera edad de escasos recursos, pero requiere ayuda para seguir sirviendo alimentos. Foto: Marco Carrasco

Ese Banco de Alimentos es una de las 60 instituciones cobijadas por la Asociación Coordinadora del Voluntariado del Guayas (Acorvol), que lanzó un manifiesto para que el voluntariado sea amparado por una ley y sea considerado en un nuevo código laboral.

“Si el Gobierno no escucha este grito de auxilio, el voluntariado va a desaparecer”, dice María Gracia Aguirre, directora ejecutiva de Acorvol, quien rechaza lo que considera insólito: el Servicio de Rentas Internas (SRI) puso desde agosto del 2020 a las organizaciones sin fines de lucro en el Régimen Impositivo para Microempresas.

Publicidad

“Imagínese, resulta que no somos un negocio, pero para el SRI estamos obligados a tributar el 2 % del que se quejan hasta las microempresas”, reprochaba la vicepresidenta de Acorvol, María Delia García, dos días antes de que el presidente Guillermo Lasso anunciara el envío a la Asamblea Nacional de una “Ley de Oportunidades” en la que, entre otras cosas, plantea la eliminación de ese impuesto a las microempresas y un régimen laboral alternativo.

Incentivo para que empresas hagan donaciones

Andrés Barriga, de la fundación Ambulancia Deseo, que cumple sueños a pacientes con enfermedades terminales, cree que el Gobierno debería restablecer los incentivos que antes tenían las empresas por ayudar a las fundaciones, que muchas veces, como dice María Delia, llegan a suplir atenciones donde el Estado no se abastece.

Andrés Barriga (d), de la Fundación Ambulancia Deseo, el pasado 12 de septiembre, durante una entrega de kits de alimentos donados por Almacenes Tía. Foto: Cortesía

Para nadie es desconocido que hay quienes con el membrete de fundaciones se lucran económicamente, evaden impuestos o buscan una plataforma política, pero Barriga, un joven docente de 35 años que reparte alimentos que la empresa privada dona a su fundación, dice que “la obligación del Estado es vigilar que las fundaciones cumplan su cometido”.

Que se eliminen las malas, pide Barriga, pero que así mismo se valide a las que sí ofrecen ayuda a quienes la necesitan y se les otorgue un marco jurídico como existe en países vecinos como Colombia, Perú o Chile.

Publicidad

Su fundación tuvo que cambiarse de sede, en la misma ciudadela La Atarazana, porque ya no alcanzaba para el arriendo. Ahora están en un local más pequeño, cedido por una voluntaria. Pero hay gastos que afrontar por la operatividad de la ambulancia que cuando no lleva a sus beneficiarios a cumplir sus sueños, los traslada a consultas médicas o lleva mercancías que empresas como Almacenes Tía aún donan.

Avanzamos con las entregas de donaciones. Hoy visitamos al Albergue Soldaditos de Dios. Entregamos galletas,...

Posted by Fundación Ambulancia Deseo Ecuador. on Wednesday, September 15, 2021

Rocío Morales, de la Fundación Gabriela María, que nació hace 25 años como un costurero de damas, pero que con el paso del tiempo y cambios de legislación se ha reconvertido de consultorio médico infantil a la atención geriátrica, cuenta las vicisitudes que atraviesan quienes se hacen cargo de las fundaciones.

“A mí, por ser la representante legal, me tienen coactivada y con medidas cautelares”. La fundación que ella dirige y que funciona con lo justo en la 38 y Calicuchima, arrastra deudas con el IESS y el SRI, heredadas de pasadas administraciones.

“Ya no tenemos trabajadores, lo que tenemos son deudas que se vienen arrastrando. Había que hacer la retención del servicio que daban los médicos, pero la fundación no entendió ese mecanismo y fue castigada”, explica Morales. “Se ha venido abonando, pero con los intereses ya hemos pagado diez veces más de la deuda original. En el SRI yo tuve que pagar con mi tarjeta de crédito”.

Historias como estas llevan a Acorvol a pedir al Gobierno y a la Asamblea que revisen el proyecto de Ley de Organizaciones sin Fines de Lucro que presentaron en 2017 y que no se movió, que lo adapten a la realidad actual si es necesario, pero que hagan algo.

Las fundaciones no desconocen que a los trabajadores se les pague lo justo, pero piden un marco laboral especial porque el voluntariado no genera utilidades. Además, necesitan que las empresas tengan incentivos para apoyar con donaciones.

Algo de eso mencionó el presidente Guillermo Lasso la noche del jueves al anunciar su proyecto de Ley de Oportunidades. “Vamos a crear múltiples estímulos para generar oportunidades en sectores que necesitan ayuda, incentivando la inversión en publicidad y patrocinio de deportistas, eventos y escuelas deportivas, sectores artísticos y turísticos. Así, será mucho más fácil y barato que los ecuatorianos inviertan dinero para ayudar a otros ecuatorianos, lo cual creará oportunidades tanto para quien recibe el apoyo como para quien lo ofrece”.

Lasso no mencionó ese día a las fundaciones, pero estas también esperan oportunidades. (I)