En el 2015 –en el que terminará su mandato de tres años como presidente de la Corte Constitucional– Patricio Pazmiño dice que los pedidos de consultas populares, planteados por sectores políticos y sociales, tendrán un tratamiento más ágil en este organismo. Este año destaca entre lo más relevante la conclusión de procesos de años, como de justicia indígena e interculturalidad, las demandas de consultas de YaSunidos y de cinco circunscripciones territoriales indígenas, las 16 enmiendas constitucionales y demandas de inconstitucionalidad de la Ley de Comunicación.

¿Cómo calificaría su gestión en este año?
Estoy sujeto a la crítica (…) no me siento satisfecho. En gestión institucional casi tenemos un edificio nuevo y los trabajadores tienen estabilidad laboral con nombramientos definitivos. En el tema jurisdiccional los desafíos siguen pendientes, hay que avanzar en casos retrasados y complejos, que no logran consenso en el pleno.

Hay la percepción de falta de independencia de la Corte por los fallos emitidos.
No puedo hacer nada frente a la percepción inducida, por eso me remito a la objetiva. En aquellos casos que se dice que esta Corte favoreció al Ejecutivo, la Corte, por mandato de la constituyente de Montecristi protege el orden jurídico constitucional. Lo que hicimos no es una innovación en favor del Gobierno, es lo que nos obliga la Constitución.

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¿El desafío de la CC será tratar los pedidos de calificación de las consultas populares con la misma celeridad que trataron la de AP?
Con razón dice la prensa, en este por qué tan rápido y en este otro por qué no; porque hay casos complejos que causan conmoción y afectan colectividades. Eso da razonabilidad a la Corte para escoger. En el caso de la Ley de Aguas, hace más de cinco años, el país estaba a las puertas de una confrontación con los pueblos indígenas, pero actuamos y se lo desactivó. En un momento de lucha política y de pasión tenemos que intervenir para evitar conflictos.

¿Los temas de consulta popular son considerados de trascendencia?
Por supuesto, hay elementos de presión y van a tener una atención no privilegiada, pero sí más ágil.

¿Considera que el próximo año podría haber nuevos pedidos de consulta popular?
Es importante reconocer que aquellos actores políticos y comunicadores que objetaban la Constitución de Montecristi, ahora pugnan por escuchar al pueblo. Ese es un mandato y nosotros nos pronunciamos porque se sujete a las vías y normas de la Constitución.

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¿Eso puede ser la prueba de fuego para la Corte?
Todos los casos que conoce la Corte tienen que ver con derechos y garantías; por tanto, no hay un menor o un mayor, sería así si actuamos en función de consignas políticas o de favoritismos. (I)