Enrique Herrería, uno de los jueces del extinto Tribunal Constitucional (TC) que fue destituido en el 2004 por el Congreso de la época, analiza el anuncio del actual Gobierno de resarcir al Estado por las indemnizaciones que tuvo que pagarles a ellos y a jueces de la entonces Corte Suprema. Esto, por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que, dice él, sentaría un precedente.

¿Qué opina de entablar juicios de repetición contra los diputados del 2004 que votaron por las destituciones?
Me resulta difícil precisar las intenciones del Gobierno; hay un tufo político inocultable. Mire que el 21 de diciembre del 2011, Mauro Andino (legislador de AP) presentó un proyecto de ley que dice: ‘No se podrá ejercer acción de repetición en contra de los asambleístas por votos, opiniones, decisiones, en el ejercicio de sus funciones, así como tampoco en contra del presidente de la República’. ¿Qué motivó a que Andino ahora se interese por una resolución para la repetición en contra de los exdiputados? ¡Hay un manoseo político!

¿A qué se refiere?
No concibo que AP y el presidente (Rafael Correa) auspiciaban un proyecto en el que eximían de responsabilidad a los diputados, y cuatro años después cambian de opinión.

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¿Habría la intención de perjudicar al partido que en el 2004 estaba en el poder, Sociedad Patriótica? Correa opinó que la acción debe alcanzar al expresidente Lucio Gutiérrez.
Podría pensarse que es un ajuste de cuentas, una rencilla política.

¿Para usted hay culpa en Gutiérrez al ser él quien llamó a la sesión del Congreso en la cual se votó por la salida de los jueces?
Él cometió un gravísimo error al dirigir una comunicación al TC que nos reemplazó, solicitando que se nos impida el acceso a la justicia. Se debe recordar que ese TC emitió una resolución en la que advertía a los jueces del país con ser separados si dejaban sin efecto la decisión del Congreso. Si quieren hallar a responsables directos, debe buscarse quiénes estuvieron atrás de esa resolución del TC.

¿Entonces se lo debe incluir en la acción de repetición?
Tengo dudas en el caso de la Corte, pero en el del TC sí tenía responsabilidad directa.

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El expresidente Abdalá Bucaram anunció que pondrá una demanda contra el Estado por su destitución en 1997, por parte del Congreso, en similares términos a aquella que los jueces removidos ganaron. ¿Cree que el fallo de la CorteIDH sentará un precedente jurídico?
No sé en detalle cuál es su defensa, pero no es menos cierto que su destitución no se dio a través de un juicio político.

¿Y en el caso de los diputados destituidos en el 2007 por el entonces Tribunal Electoral, por no dar paso a la consulta popular sobre si instalar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución?
En ese caso hubo vulneración de derechos y esos diputados tendrán una resolución favorable que condenará al Estado a pagar también indemnizaciones millonarias.

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Un Estado que es gobernado desde el 2007 por Correa.
Podría ocurrir de que la CorteIDH considere que hay responsabilidad también en el presidente. (I)