El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) propone endurecer sanciones a las empresas encuestadoras que no ejerzan su actividad apegadas a la ley o que difundan encuestas diez días antes de las elecciones con multas de hasta $ 100 mil, prisión de hasta tres años y cancelación de la personería jurídica. Y amplía la regulación a las personas naturales que hagan públicos los pronósticos electorales que reciban por cualquier medio.