Era agosto de 2011. Hasta ese entonces, más de dos mil personas habían muerto en enfrentamientos con la fuerza pública de Siria desde que en marzo de ese año iniciaran protestas contra el régimen de Bashar al-Asad. Reunidos en Ginebra (Suiza), sede del Consejo de Derechos Humanos –órgano de la Organización de Naciones Unidas (ONU)–, delegados de los gobiernos de cuarenta y cinco países, entre ellos Ecuador, analizaban la situación de esta nación árabe, hoy sumida en una cruenta guerra civil que deja más de 250 mil muertos.