Roberto Gómez, asambleísta por CREO y solicitante del juicio político al vicepresidente Jorge Glas por responsabilidad política en las áreas estratégicas del Estado, dijo esta mañana que “hoy hay un juicio y el juicio va a ser con respecto a la ciudadanía y la actuación del Consejo de Administración Legislativa (CAL)”.

Gómez, que junto a 60 asambleístas de oposición plantearon el juicio político, indicó que no hay nada nuevo por revelar, “la realidad es que ni el sol, ni la luna, ni la verdad se pueden esconder por demasiado tiempo, la ciudadanía tiene claro quien ha sido el responsable político”, señaló.

Hoy a las 14:00 el CAL se reunirá para conocer el escrito que presentó el asambleísta Gómez como complemento al anuncio de la prueba en el juicio político donde se investigan, con respecto a áreas estratégicas, hechos de corrupción que derivaron en juicios penales por supuesto peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito.

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El legislador por CREO considera que el juzgamiento de la ciudadanía será además a la acciones de la nueva Asamblea Nacional con respecto a cubrir la corrupción y no cumplir con la normativa. “Para nosotros está absolutamente claro y yo creo que para el oficialismo también, la única decisión que el oficialismo tiene que tomar es que si va a priorizar la lealtad para con su partido o si va a priorizar el cumplimiento de la ley”, agregó.

Gómez aclaró que fueron presentadas todas las pruebas y más de 25 documentos e inclusive durante una entrevista en Ecuavisa mostró uno que trata del laudo arbitral de Caminosca donde aparece el nombre del vicepresidente de la República, montos y el proyecto Toachi-Pilatón.

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El asambleísta cuestiona el comportamiento del CAL, cree que se está excediendo de sus funciones o intentando dilatar el proceso. Además, señala que la única tarea del CAL es revisar y pasar a la Corte Constitucional (CC) el pedido de juicio.

En ese contexto le pidió al CAL que “no se dedique a representar a su partido, tapando la corrupción y blindando a funcionarios”.

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Gómez solicitó no olvidar cuando “el oficialismo decía sobre (Pedro) Delgado que era buena gente, honesto, que tenía título y que ya regresaba de un matrimonio, no nos olvidemos lo que decían del señor (Carlos) Pólit que era un lujo de contralor (…) (tampoco) del señor Capaya (Carlos Pareja Yannuzzelli), que la refinería del Pacífico, por palabras del señor Glas, que debería reconocer el Ecuador sus acciones, ¡hasta cuándo!, hasta que la realidad los golpeó en las narices y no les quedó más que llamarlos traidores”.

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La Constitución de Montecristi señala en su artículo 129 que “para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo (...)”.

Otros casos de juicio político en Ecuador

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En abril de 1991, el Partido Social Cristiano (PSC) y el PRE (Partido Roldosista Ecuatoriano) pidieron el enjuiciamiento político del vicepresidente Luis Parodi en el gobierno de Rodrigo Borja. Se negó el pedido señalando que previamente debía ser enjuiciado penalmente. La oposición alegaba que era al revés.

En 1995 el vicepresidente Alberto Dahik fue enjuiciado políticamente a pedido del Partido Social Cristiano, pero fue enjuiciado penalmente, pese a la absolución política que lo eximía del juicio penal. (I)