"Aquí no hay guerrilla, sino pobreza, por las concesiones mineras, palmicultoras y madereras que marginan a las poblaciones mineras del norte de Esmeraldas", manifestó Aldo Pusterla, párroco de las comunidades ribereñas del cantón Eloy Alfaro.
Este reclamo, como también de la Red de Organizaciones Sociales (Redne), fueron presentadas a Gina Benavídez (e), de la Defensoría Nacional del Pueblo, en reunión en la ciudad de Borbón, este viernes.
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Las comunidades exigen que se ratifique las medidas cautelares del juez Multicompetente de San Lorenzo y se solicite al Ministerio de Minas, un informe de las concesiones mineras entregadas desde el 2011, pidió José Ponce, coordinador de Redcone.
También la Asociación de Venezolanos Residentes en San Lorenzo del Pailón, solicitaron regularización de estatus, obtención de visas, frenar persecución de la Policía de Migración, propiciar fuentes de empleo, entre otros. (I)
