A 20 años de la paz Ecuador-Perú, pobreza en zonas ‘centinela’ angustia

Cargando un rifle de un metro de largo, un guardia cruza el estero de Hualtaco, un cuerpo de agua que hace tres semanas se veía menos contaminado que en agosto y que es una prolongación de los 18 kilómetros del canal internacional de Zarumilla , frontera natural entre Ecuador y Perú.El hombre viaja sobre una embarcación que abastece de bloques de hielo a una camaronera, acompañado de una decena de obreros. Mientras se internan entre el estero y una isla de manglar, en tierra firme los moradores se quejan de la inseguridad en el cantón Huaquillas, una ciudad de 47.000 habitantes, la quinta más poblada de las 31 ubicadas en una franja de 40 kilómetros de la línea de frontera limítrofe con Perú.Las primeras del listado son Machala, Santa Rosa, Pastaza y El Guabo. Pero también están Arenillas, Zapotillo, Tiwintza, Puyango, Palanda, El Pangui y otras en las que, más menos, los habitantes lidian cada día con la deficiencia de servicios básicos como el agua potable, alcantarillado, salud, educación y la creciente inseguridad.“Predominan los robos y sicariatos, a diario están siendo asaltadas las camaroneras y están vaciando las piscinas. Uno se queja en la Marina y le dicen que no tienen autorización para salir, que no tienen gasolina”, dice Ufredo Coronel, empresario camaronero y concejal de Huaquillas, en el malecón de Puerto Hualtaco, construido por el Ministerio de Vivienda, sin licencia ambiental, entre el 2010 y 2012, por $ 2 millones.La inseguridad se extiende a la cabecera cantonal, donde moradores cuentan que en el último mes se alarmaron por un asalto ocurrido en una quinceañera a la que llegaron en motos varios delincuentes vestidos de policías. “Entraron a la fiesta y sacaron los fierros”, citó un padre de familia de Huaquillas, mientras que el jefe de la subzona de Policía de El Oro, Víctor Tapia, aseguró que se hace un gran esfuerzo y que los asaltos a embarcaciones se deben a “organizaciones criminales binacionales”. “ El hecho de que el cordón fronterizo esté en una zona permeable lo convierte en zona donde la informalidad y la ilegalidad prevalecen”. En el puente internacional fronterizo, que une a Huaquillas con la localidad de Aguas Verdes, en Perú –en medio de un efervescente movimiento comercial por la entrada y salida de mercadería en tricimotos, carritos industriales o rodadores–, los visitantes transitan abrazando sus mochilas o carteras. “Los fines de semana es peor los arranches”, dice Pedro, un orense que visita ese paso y que vive con su familia junto a un peaje a medio construir en la entrada a Huaquillas.Ahí, en el ingreso a este cantón, los hedores de una caja de aguas servidas a la intemperie destapa las molestias por la falta de alcantarillado, otro problema que aqueja a la mayoría de poblados fronterizos, a veinte años de haberse firmado el Tratado de Paz entre Ecuador y Perú, el 26 de octubre de 1998, y a diez años de creada la actual Constitución, vigente desde el 20 de octubre de 2008.Ambas normativas garantizaban una vida digna para los habitantes fronterizos: la primera, mediante la implementación del Acuerdo de Integración Fronteriza, Desarrollo y Buena Vecindad, que contemplaba la ejecución de proyectos sociales y de saneamiento ambiental; mientras que la segunda, en su artículo 249, disponía una “atención preferencial” y “desarrollo socioeconómico” para las zonas fronterizas.En la actualidad, estas localidades aún batallan con carencias que el Instituto de Estadística y Censos (INEC) considera como Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), indicador que mide la falta de servicios como el agua potable, aguas servidas, ducha, teléfono, educación o atención de salud.En la Zona de Integración Fronteriza (ZIF), los índices de NBI son altos, van de 61% en las provincias de El Oro y Loja y alcanzan hasta el 87% en poblados amazónicos de las provincias de Orellana y Sucumbíos.Así, mientras la cobertura de viviendas con servicios básicos públicos en ciudades como Guayaquil, Cuenca o Quito supera el 60%, hay cantones limítrofes como Putumayo, Aguarico o Zapotillo en los que no llega al 20%. En Huaquillas, según datos del INEC, se ubica en algo más del 30%. Zonas como las ciudadelas Miraflores, Nueve de Octubre o Veinticuatro de Mayo sí cuentan con alcantarillado, dice el gestor social del Municipio, Robert Romero. “ Como Huaquillas crece a pasos agigantados hay bastantes deficiencias de este servicio”, agrega Romero al comentar las necesidades del cantón , tema del que no aceptó una entrevista el alcalde Ronald Farfán.A quince minutos, por una vía en buen estado, se llega a la parroquia Chacras, del municipio de Arenillas, donde unas 2.000 personas reciben agua cuatro horas al día. “El agua la sacamos de pozo, no tenemos agua potable. A la parte rural siempre la miramos con otros ojos, aquí tenemos agua entubada, no es un agua buena, hay que ver la forma de que no pueda causar enfermedades”, dice Florencio Cumbicus, presidente parroquial. El agua, explica el dirigente, llega con óxido, porque hay pozos que cumplen su vida útil y no hay dinero para reemplazarlos . “Hemos pedido las competencias al alcalde, vamos a hacer la obra con dinero no reembolsable del Banco del Estado y un crédito”, anunció Cumbicus.En esta parroquia un subcentro de salud atiende a 23 pacientes diarios, entre ellos la hija de Magdalena Honores, de 38 años, y a una decena de niños a quienes una odontóloga chequea los dientes. “Aquí solo es medicina general, no hay para hacer ecos; nos mandan a Huaquillas, y allá hay que sacar turno. Al menos pedimos que haya más doctores, solo hay una, que atiende de lunes a viernes”, cuenta Magdalena mientras espera que la médica rural del dispensario, Janeth Cárdenas, vea a su pequeña María Belén, con fiebre y malestar general.Hasta hace unos meses había tres salubristas y un médico familiar para visitas preventivas a los adultos mayores enfermos o con discapacidad. Hoy la médica rural hace esa labor. Las enfermedades más comunes ahí son las respiratorias, a diferencia de las digestivas que son mayoría en el hospital de Zumba, una localidad de 10.000 habitantes en Zamora Chinchipe, básicamente por la calidad del agua que se consume, recalca Chalver Torres, del área de Gestión de Riesgos del Ministerio de Salud en Zumba: “Eso depende de los GAD parroquiales, municipales, que den agua segura a la población.., un agua que el Municipio cobra, pero que no es adecuada”.En Zumba, cabecera cantonal de Chinchipe, en la provincia del mismo nombre, el agua es entubada para la zona urbana . Las restantes cinco parroquias rurales se abastecen de pozos someros al pie de fuentes de agua. “Los recursos no son suficientes, los municipios pequeños tenemos ese inconveniente”, dice Ángel Pavón, alcalde de Chinchipe.Tras la firma del Tratado de Paz con Perú, en 1998, los habitantes de los poblados limítrofes se llenaron de expectativas. Pensaron, dice Pavón, que “iba a mejorar la calidad de vida”, lo que no ocurrió. Por ejemplo, en educación, agrega Mario Cueva, alcalde del cantón lojano de Calvas y exconcejal desde el año 2000, no se tomó en cuenta su propuesta de dotar con computadoras a varios planteles. “Cuando estaba como concejal se presentó el proyecto para el equipamiento de las instituciones educativas del sector urbano como rural”, recuerda el hoy alcalde.La viceprefecta de Loja y exasambleísta, Nívea Vélez, cree que los pocos recursos que llegaron a los poblados fronterizos se usaron con “una visión bastante asistencialista” , sin un plan integral: “Se cambiaron techos de escuelas, se entregaron computadoras.., nada que responda a un proyecto de desarrollo, por eso un aniversario más de la firma de la paz, si bien las relaciones han mejorado, la condición económica y social de los pueblos de frontera no ha tenido ningún impacto”. (I) Detalles 46% De viviendas en promedio tienen acceso a agua por red pública en la Zona de Integración Fronteriza (ZIF). 689 mil habitantes comprenden los 31 cantones ubicados en los 40 km de línea fronteriza, según el INEC.

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