La fiscal general encargada, Ruth Palacios, ratificó durante el feriado de carnaval que el viaje de las autoridades de Ecuador para reunirse con sus pares en Brasil por el caso Odebrecht fue útil para establecer varios acuerdos que contribuirán al desarrollo de las investigaciones que se realizan en el país sobre la trama de corrupción de la empresa brasileña.

El punto principal que se estableció en las líneas de cooperación fue levantar “la prohibición de prueba” que tenía Ecuador en la primera cooperación eficaz e impedía utilizar esa documentación en el resto de procesos investigativos que maneja la Fiscalía de Ecuador.

“Actualmente, estamos en una coordinación directa ya con un funcionario que nos indicó la señora procuradora de Brasil (Raquel Dodge) para establecer un contacto más directo y entablar ese intercambio de información de manera más rápida”, dijo Palacios, tras una audiencia de vinculación en el caso de posible cometimiento de peculado por exfuncionarios de la ex Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) con la operación de contrainteligencia “Caminito”.

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Además, la fiscal general de la Nación manifestó que no solo se reunieron con autoridades estatales, sino también con funcionarios de Odebrecht y de ese encuentro se establece que aparentemente el único que conoce todos los hechos relacionados a las conexiones de la empresa con altos funcionarios de Ecuador, “a profundidad y en detalle”, es José Conceição Santos Filho, que fue la persona asignada por la empresa.

“Inclusive, nos manifestaron que Luiz Mameri, exvicepresidente de Odebrecht, hacía relación a estos hechos, pero con base en lo que comentó el señor Conceição Santos, y para ello es que nosotros hemos pedido que comparezca y declare en verdad qué conoce sobre el asunto”, expresó la fiscal, quien ratificó la realización de una videoconferencia cuando Mameri comparezca en Brasil.

Para hoy, Palacios señaló que se daría un pronunciamiento junto al secretario Anticorrupción, Iván Granda, para dar más detalles del tema.  (I)