(Actualizado a las 20:40)

Solicitar el auto de llamamiento a juicio del exsuperintendente de Comunicación (Supercom), Carlos Ochoa, por el delito de falsificación ideológica es la única conclusión a la que llegó este jueves la fiscal general encargada Ruth Palacios luego de un mes de instrucción fiscal.

Palacios aseguró el jueves durante la audiencia preparatoria de juicio que el exsuperintendente con “conciencia y voluntad” se arrogó funciones de asambleísta y modificó el sentido de la transitoria sexta de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), cambiando el artículo 102, que regula a los medios televisivos y los sistemas de audio y video, por el artículo 103, que habla de las radios.

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Según la Fiscalía, a través de esta ilegalidad, desde el 14 de abril de 2015 hasta el 21 de enero de 2016, Ochoa emitió ocho resoluciones sancionatorias contra seis radios.

El 24 de enero pasado, la Fiscalía formuló cargos por el delito de falsificación y uso de documento falso, pero el jueves en la audiencia preparatoria de juicio Palacios acusó a Ochoa de ser el autor del delito de falsificación ideológica.

Para acusar al exsuperintendente, Palacios presentó 32 elementos de convicción.

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Luis Chimborazo, defensa de Ochoa, señaló que no existen pruebas contundentes que demuestren la responsabilidad o participación de su cliente en los hechos analizados. Además, presentó reparos a que Fiscalía base su acusación en recortes de prensa.

“Varias de las versiones (en el caso) señalan que era él (Ochoa) quien revisaba antes y después los proyectos de resolución y era el que decidía. Digamos que puede haber error en una resolución, quizá en dos, pero en ocho no se puede hablar de que él no conocía lo que estaba haciendo”, dijo la fiscal.

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Sobre la reforma existente en la transitoria sexta de al menos 300 leyes de bolsillo, hecho ocurrido cuando Ochoa era superintendente, Chimborazo explicó que en un informe borrador de la Contraloría existiría un elemento que señala que una persona de “buena fe” cambió las publicaciones.

Una vez escuchadas las partes, el juez Marco Rodríguez suspendió la diligencia para hacer un análisis. Convocó para el próximo miércoles, a las 09:00, para dar a conocer si llamará a juicio al exsuperintendente.

Como medidas cautelares, Fiscalía insistió en pedir la prisión preventiva y la prohibición de enajenar bienes por un monto de $ 86.240 contra Ochoa, quien está en Bolivia solicitando asilo. Palacios exigió al juez Rodríguez que se insista en la extradición de Ochoa.

El 13 de febrero pasado, la Interpol negó el pedido de extradición hecho por Ecuador al considerar que el caso trata un “delito administrativo”. (I)

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