La incertidumbre sobre la decisión que tomarán los votantes indecisos marca las elecciones generales de España.

Hoy más de 36,8 millones de electores españoles irán a las urnas para apostar por la lista de su candidato para que pueda formar gobierno y ser presidente. El 30% de ese número son indecisos, según un estudio de Metroscopia, y 21%, según el medio español La Sexta.

De acuerdo a las encuestas, el favorito es el actual mandatario Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE, centroizquierda), quien vería subir el número de sus diputados en el Congreso para tener más peso a la hora de formar gobierno, pero para sumar mayoría (176 de 350 curules) deberá tener un socio . Ese posible aliado sería la coalición Unidas Podemos (izquierda), liderada por Pablo Iglesias.

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Ambos han mostrado esta elección como primordiales para la democracia ante el surgimiento del partido de ultraderecha VOX, liderado por Santiago Abascal, quien ensalza el ‘patriotismo’ español sobre el fallido proceso de secesión de los independentistas catalanes, el tema sobre el que todos los partidos más han hablado durante la campaña.

Todos los partidos con tendencia de derecha han usado ese mismo tema contra Sánchez, acusándolo de pactar con los independentistas al entablar una mesa de diálogo de partidos en Cataluña (que vive una división en su sociedad) e incluir un observador de las conversaciones –algo que molestó hasta a miembros destacados de su propio partido–.

Uno de los que más lo ha atacado es el barcelonés Albert Rivera, del partido Ciudadanos (centroderecha liberal), que nació de un movimiento contrario al nacionalismo catalán. Él pasó en cuatro años de intentar formar gobierno con Sánchez a llamarlo mentiroso, vetar cualquier pacto tras elecciones e indicar que si se dan los números buscará gobernar con el partido tradicional de derecha: el Partido Popular (PP), liderado por Pablo Casado.

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Pero en los números el PP y Ciudadanos necesitarían a Vox para formar gobierno.

Abascal, quien es una escisión del PP, ha logrado captar la atención de esa derecha clásica o radical al promover una recentralización de competencias que fueron otorgadas a las comunidades autónomas regionales –como sanidad, seguridad y educación–, así como permitir la portabilidad de armas y combatir al feminismo.

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Abascal, Casado y Rivera han prometido mano dura contra los independentistas con la aplicación del artículo 155 de la constitución española, con el que se puede suspender temporalmente la autonomía de los gobiernos regionales, para reformar el gobierno regional catalán, al que acusan de establecer estructuras que sirven para aumentar el rechazo a ser parte de España.

Ellos y Sánchez también han criticado lo que llaman mentiras nacionalistas de los partidos independentistas (ERC y PDeCAT) para promover sus ideas y objetivos. Mientras estos siguen pidiendo un referéndum de autodeterminación y poniendo como requisito eso para dar apoyos en el Parlamento.

A esto se suma que actualmente el Tribunal Supremo del país lleva adelante el juicio contra los líderes independentistas catalanes por la realización de un referéndum ilegal del 2017 y la aprobación de leyes, en algunos casos sin los requerimientos legales, para facilitar la desconexión.

Todo esto ha relegado a segundo plano los debates sobre temas de salud, pobreza, trabajo o impuestos.

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“Las sumas son muy improbables, tanto la una como la otra”, dijo a AFP Francisco Camas, de Metroscopia, por lo que los votos de los partidos regionales catalanes y vascos (PNV) pueden ser claves, especialmente para Sánchez.

Una posibilidad difícil pero no descartada del todo por Sánchez sería un acuerdo con Ciudadanos, contra lo que ha advertido Iglesias, líder de Podemos y deseoso de gobernar con los socialistas.

“Es evidente que los poderes económicos y viejos sectores del Partido Socialista van a apostar por ese acuerdo”, lanzó Iglesias ante sus militantes.

La incertidumbre es elevada: hay cuatro millones de indecisos, dice Camas, y mucha volatilidad, especialmente en la tendencia de derecha. 

Sistema parlamentario

España es una Monarquía Parlamentaria. El jefe de Estado es el rey Felipe VI, pero no tiene poderes ejecutivos, los cuales recaen sobre el presidente del Gobierno, que se elige en el Congreso. Se convierte en presidente el diputado (usualmente líder de un partido) que tenga la aprobación de al menos 176 de los 350 diputados. Si no los tiene, puede lograrlo con más votos a favor que en contra. (I)