El expresidente Rafael Correa; su exministro de Defensa, Ricardo Patiño; y su exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, nuevamente son requeridos por la Fiscalía para que rindan versión libre y voluntaria. Ellos son parte de una lista de 28 exfuncionarios públicos, militares y policías en servicio pasivo que son llamados a versionar dentro de la investigación previa que existe por la muerte del policía Froilán Jiménez, durante la revuelta del 30 de septiembre de 2010.

El 16 de julio pasado, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso hasta el impulso fiscal número 3 del 30 de agosto de 2018. La razón: se habría vulnerado el derecho a la defensa de los procesados por el delito de asesinato de los mayores del Ejército Vicente N. y Wilson R.

Con esta decisión, la fiscal Claudia Romero, de la Fiscalía de Personas y Garantías número 7 de Pichincha, solicitó la versión de exfuncionarios públicos como Correa, Patiño, Alvarado, quienes tienen calidad de prófugos luego de haber sido llamados a juicio por delitos como plagio, instigación y peculado, respectivamente. 

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Así como también del exministro de Gobierno y expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh; la exasambleísta y ministra de Justicia, Rosana Alvarado; el exministro y parte del movimiento Alianza PAIS, Galo Mora; los exasambleístas Irina Cabezas y Enrique Herrería; el exalcalde de Quito, Augusto Barrera; entre otros.

Además el general Ernesto González, exjefe del Comando Conjunto; el excomandante de la Policía, general Freddy Martínez; el actual asambleísta y exdirector del Hospital de la Policía, coronel César Carrión; el exjefe de la Escolta Legislativa; Rolando Tapia, entre otros militares y policías en servicio pasivo.

Entre el 4 y el 10 de septiembre próximos deberán rendir versión las personas convocadas por la fiscal Romero. Rafael Correa y Gustavo Jalkh, por ejemplo, deberán versionar el 4 de septiembre a las 09:00 y 10:00, respectivamente.

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Romero también ordenó se realicen otro tipo de diligencias como que se entreguen listados del personal militar que participó en la operación de evacuación la noche del 30 de septiembre de 2010.

Para el abogado de la familia Jiménez, Edwin Romero, esta es una nueva oportunidad para que la justicia ecuatoriana determine quién o quiénes de alguna forma generaron la situación en la que falleció el agente Jiménez, del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), debido a un disparo de arma de fuego.  

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"Esto es lo que el desfile de fiscales que existió en el caso debió hacer desde el principio. Llamar a que rinda versión al expresidente (Correa) para saber por qué dio la disposición al general (Luis) Castro de que se violente una orden de servicios para evacuar el Hospital de la Policía. Se sobreentiende que la tres ramas de las Fuerzas Armadas hicieron una orden de operación para la evacuación y Rafael Correa dejó sin efecto eso y dispuso de manera verbal que se los saque en horas que no estaba previsto", explicó. (I)