El pedido de consulta popular sobre actividades mineras que planteó el prefecto de Azuay, Yaku Pérez, está en proceso de sustanciación en la Corte Constitucional (CC), y en manos del juez Agustín Grijalva.

El pasado 26 de agosto, Grijalva avocó conocimiento del pedido de dictamen previo de constitucionalidad que hace Pérez a la CC, para determinar si la pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la prohibición, sin excepción de actividades de prospección, exploración y explotación de minería metálica en fuentes de agua, zonas de recarga, descarga y regulación hídrica, páramos, humedales, bosques protectores y ecosistemas frágiles en la provincia del Azuay? Sí ( ), No ( ).

Como parte de las diligencias, el magistrado dispuso que se ponga en conocimiento de la providencia (en la que avoca conocimiento) del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, la Agencia de Regulación y Control Minero, entre otras instituciones relacionadas con la iniciativa popular. Además, se publicará en el Registro Oficial para que las organizaciones sociales, empresas privadas, instituciones de educación superior y especialistas en la materia se pronuncien sobre el petitorio. (I)