En casi todos los gobiernos de Estados Unidos han habido opositores que piensan que el presidente del partido contrario debería ser destituido entre procesos electorales. Como es el caso de la intención del Partido Demócrata de intentar un impeachment (juicio político) contra el presidente Donald Trump.

Sin embargo, no ha habido una labor seria para hacer eso desde el juicio político de Bill Clinton.

En 1998 y 1999, la Cámara de Representantes (cámara baja del Congreso de EE.UU.), entonces con mayoría republicana, votó a favor de iniciar los procedimientos de juicio político contra el presidente demócrata, fundamentalmente basados en cuestiones vinculadas con sus relaciones extramaritales.

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La cámara baja aprobó una acusación de que Clinton “proporcionó intencionalmente un testimonio perjuro, falso y engañoso” ante un jurado investigador federal mientras era interrogado por el fiscal independiente Kenneth Starr. Por ello, votó a favor de presentar la acusación de que "evitó, obstruyó e impidió la impartición de justicia". Pero el Senado (cámara alta), que también era controlado por los republicanos, lo absolvió.

En toda la historia de Estados Unidos solo dos presidentes han sido objeto de juicios políticos: Andrew Johnson en 1868 y Clinton. En ambos casos los mandatarios fueron absueltos en el Senado.

En tanto, el presidente Richard Nixon, quien también enfrentó un procedimiento de juicio político, renunció a la presidencia en agosto 1974 (faltando más de dos años para culminar su segundo periodo) cuando era casi seguro que la Cámara de Representantes aprobaría el proceso de juicio político en su contra y sus perspectivas en el Senado no lucían prometedoras.

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Richard Nixon (d) renunció a la presidencia antes de que se aprobara el proceso. Gerald Ford lo sustituyó.

¿Qué estipula la Constitución de Estados Unidos en estos casos?

La Constitución da a la Cámara de Representantes la única facultad para “declarar que hay lugar a proceder en los casos de responsabilidades oficiales” y al Senado el “derecho exclusivo de juzgar sobre todas las acusaciones por responsabilidades oficiales”.

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También dicta que el presidente y vicepresidente “serán separados de sus puestos al ser acusados y declarados culpables de traición, cohecho u otros delitos y faltas graves”. El Congreso es el encargado de definir la pena que corresponda.

En el caso de Trump los demócratas lo acusan de presionar a Ucrania para que realizara una investigación de corrupción sobre el precandidato presidencial demócrata Joe Biden (favorito dentro de los demócratas para competir con él por la presidencia), y su hijo, algo que el mandatario ha declarado que hizo. También reconoció que días antes de una llamada telefónica con el presidente de Ucrania ocurrida en julio, ordenó que se congelara un fondo de ayuda militar a Ucrania.

El incidente plantea la posibilidad de un presidente que utilizó el poder que le otorga el cargo para hacer que un gobierno extranjero lo ayudara con su campaña de reelección. Trump niega haber hecho o dicho algo indebido. (I)