Exhortos al Estado se anticipan al informe de la ONU sobre el paro

Una serie de exhortos y recomendaciones al Estado ecuatoriano formuló la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre el paro de octubre pasado, que su oficina investiga.

El pronunciamiento, emitido el viernes desde Ginebra, Suiza, se anticipa al informe que dicha entidad ofreció presentar, luego de la visita que hizo a Ecuador para recabar información.

El boletín de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) englobó en el siguiente titular la postura de la expresidenta de Chile: “Bachelet insta al diálogo para prevenir conflictos y crear una sociedad más inclusiva”.

Los disturbios del mes pasado tuvieron un alto costo humano. Las personas deberían poder expresar sus quejas sin temor a ser lesionadas o detenidas”, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La comisionada apeló “a todos los actores” de la sociedad a mantener el diálogo “para prevenir nuevos conflictos”, en alusión a las manifestaciones de octubre pasado, que se iniciaron en rechazo a la eliminación del subsidio de los combustibles, pero escalaron en un nivel de violencia tal que ocasionaron 9 muertes y 1507 heridos.

En cambio, al Estado le dirigió algunos mensajes.

Por un lado a la justicia le pidió realizar investigaciones “independientes, imparciales y transparentes sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos”, los abusos, las destrucciones y otros hechos violentos que se registraron.

“Hizo hincapié en la importancia de que se indaguen las circunstancias que rodearon a todas las muertes y los casos de heridos graves”, refirió el comunicado de la Acnudh.

Por otro lado, Bachelet recomendó al gobierno de Lenín Moreno promover una estrategia de participación “de todos los ecuatorianos en los asuntos públicos”, incluso aquellos de índole económico y fiscal.

Además remarcó que el régimen debería ser “coherente” con la recomendación que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas le había hecho en el sentido de que “cualquier decisión económica que afecte a la población” sea adoptada “en consulta con los grupos afectados”.

Desde la sociedad civil se advierte un llamado de atención al Estado en general y al régimen en particular.

Michelle Erazo, coordinadora jurídica de Inredh, opina que a la Función Judicial se le pide, como parte del Estado ecuatoriano, que mantenga su independencia para garantizar los derechos de las víctimas o de quienes sufrieron agresiones.

Considera como positivo que el boletín recoja la necesidad de reparar a las víctimas.

Sybel Martínez, integrante de la comisión creada por la Defensoría del Pueblo para investigar las protestas, advierte que la Alta Comisionada anticipó un criterio antes de la presentación del informe final, porque “ante los ojos del mundo” los ánimos continúan “exacerbados” en el país.

“Se hace un llamado a bajar esos ánimos”, anota Martínez.

Héctor Yépez, asambleísta integrante de la comisión del Legislativo que investiga el paro, concluye que se aboga por la continuidad del diálogo, caso contrario habrá una “reacción social” cuando el régimen emita un nuevo decreto sobre los subsidios a los combustibles. Le pidió al Gobierno hacer un “mea culpa”. (I)