Este miércoles 8 de enero se cumplen los quince días de plazo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio al Estado ecuatoriano para que informe sobre la situación de los cuatro asambleístas de la Revolución Ciudadana y sus cónyuges que per manecen en la embajada de México, en Quito.

Un oficio enviado por la CIDH, el pasado 24 de diciembre, al ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, señala que el organismo fue informado sobre la protección y resguardo que el gobierno de México otorgó a los asambleístas Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri y Luis Molina; al procurador síndico de la Prefectura de Pichincha, Leónidas Moreno; y Luis Flores, Edwin Jarrín y Tania Pauker, cónyuges de los tres primeros, respectivamente.

La CIDH hace referencia a investigaciones y amenazas de ejecución de órdenes de aprehensión en contra de los señalados, producto de las protestas de octubre pasado; y le recuerda al Ecuador, citando la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que "toda persona tiene el derecho a buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación nacional y los convenios internacionales...".

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Le recuerda, además, los estándares referentes al salvoconducto que Ecuador debe otorgar en caso de que México conceda el asilo. Y la CIDH pide ser informada, entre otras cosas, sobre la situación jurídica de los huéspedes de la embajada mexicana y las comunicaciones que Ecuador ha mantenido con México sobre estas personas. (I)