La compra de Títulos del Banco Central (TBC) con Certificados del Tesoro (Cetes) que realizó el Ministerio de Finanzas, y que no tenía respaldo legal; así como renovaciones (roll over) de esta deuda por un monto superior al permitido fueron al menos dos de las irregularidades detectadas por la Contraloría General del Estado en el uso de estos instrumentos.
Los resultados del examen especial a la emisión, colocación, registro y pago de los Títulos del Banco Central del Ecuador TBC y entidades relacionadas entre el 1 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2018, se dieron a conocer en una primera lectura de borrador la semana anterior.
A la lectura se invitó a las autoridades que tuvieron que ver con dicho manejo. Uno de ellos es Patricio Rivera, exministro de Finanzas, quien llevó adelante el pago de deudas del Estado a constructores, proveedores y Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) con esta modalidad.
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Al no conocer la Contraloría en dónde vive ahora este exhombre fuerte del correato, lo convocó por la prensa nacional. La última noticia que se tuvo de Rivera es que participó en una reunión de la Comisión Presidencial de Asesoría Económica de Nicolás Maduro, el 14 de julio de 2018, en Venezuela.
En los resultados del examen se indicó que los miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, creada en septiembre del 2014, autorizaron la emisión de Títulos del Banco Central para negociarlos con el Ministerio de Finanzas por Cetes por un cupo revolvente de hasta $200 millones. Pero esta autorización no observaba lo dispuesto en el artículo 126 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que no contempla que los TBC puedan ser adquiridos con Cetes.
La característica de revolvente de estas operaciones permitió que la autorización inicial de hasta $200 millones alcance el valor nominal de $1080,5 millones.
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Se emitieron TBC en 93 operaciones, por $1080,5 millones, a un plazo de 360 días. De esas, 62 por $837,1 millones se liquidaron superando ese plazo.
Los títulos valores colocados hasta 360 días fueron considerados deuda pública, lo que no guarda consistencia con el artículo 123 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. La emisión y circulación de TBC no fue registrada en los boletines y estadísticas de endeudamiento público.
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El Banco Central emitió y colocó TBC que fueron adquiridos por el Ministerio de Finanzas para entregarlos, mediante convenios de dación de pago, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados por la devolución del Impuesto al Valor Agregado. También viabilizaron convenios de dación de pago entre entidades públicas y contratistas para saldar cuentas.
Se suscribieron 311 convenios de dación de pago por $1130,4 sin considerar lo dispuesto en el artículo 131 del Código de Planificación, referido al pago de obligaciones con recursos de deuda.
Según Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), estas operaciones fueron parte de la utilización de la liquidez de terceros de la que era custodio el BCE para financiar al Gobierno.
Lo que sucedía, explicó, es que el BCE emitía los TBC, mientras el ministerio también emitía Cetes, y con esos papeles compraba o canjeaba los TBC.
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Esos papeles del BCE servían para pagar sus obligaciones. Una vez en manos de proveedores o GAD, se usaban para pagar impuestos, por lo que iban a parar en el Servicio de Rentas Internas o se negociaban en Bolsa con un castigo.
En este último paso del círculo, los papeles se podían hacer líquidos, usando la reserva del BCE, dice Carrera.
Se trataba de un uso poco claro y poco responsable de los recursos, explicó.
Otro caso
En febrero del 2018 la Contraloría General del Estado estableció una glosa por $77 millones en contra del exministro coordinador de Política Económica, Patricio Rivera, y del también exministro de Finanzas, Fausto Herrera, por el pago de pensiones jubilares con bonos de largo plazo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). (I)
