Por una supuesta ineficiente política pública de retorno de ecuatorianos al país en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Defensoría del Pueblo presentó este martes una acción de protección en contra del Gobierno del presidente Lenín Moreno.

El recurso fue presentado por el titular de la Defensoría, Freddy Carrión, con la finalidad de que un juez constitucional declare la violación de los derechos y ordene a la Cancillería de Ecuador, a través de sus oficinas diplomáticas, calificar la condición de vulnerabilidad de los ecuatorianos que se encuentran en el exterior y que desean retornar al país.

A través de este recurso de garantía extraordinaria de derechos se busca, además, que la Presidencia de la República ordene la gestión autónoma de las oficinas diplomáticas para el retorno de las personas afectadas y que informen al juez sobre sus avances y resultados.

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Según la Defensoría del Pueblo, 3012 personas se encuentran varadas en el exterior y requieren regresar al Ecuador. “El Gobierno Nacional no ha brindado, de forma oportuna, los derechos a una asistencia consular, a la salud, al principio de dignidad humana e igualdad y no discriminación de este grupo de compatriotas ecuatorianos”, señaló la Defensoría mediante un comunicado.

La Defensoría del Pueblo también ha solicitado que las entidades del Estado involucradas en el combate de la pandemia en Ecuador ejecuten una coordinación y planificación oportunas con las aerolíneas, a fin de facilitar los vuelos de retorno de las personas que aún se encuentran en el exterior y esperan regresar al país, y que se instrumente un protocolo para el cumplimiento del aislamiento social, en condiciones de respeto a los derechos y la dignidad humana.

“Dicho protocolo debe garantizar una efectiva aplicación de la prueba de COVID-19 inmediatamente después del arribo de las personas a Ecuador, sin excepción alguna y, de acuerdo a los resultados de esta detección temprana y los factores de riesgo, analizar la factibilidad de que las personas cumplan el aislamiento en sus propios domicilios”, apuntó Carriòn.

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En los casos en los que no sea posible realizar el aislamiento en los domicilios, el defensor Carrión explicó que el mismo debería darse en hoteles disponibles para las personas retornadas, sin discriminación alguna y de conformidad con sus capacidades y facilidades de pago, con precios razonables por hospedaje y alimentación. (I)