Argentina permanece confinada desde hace más de 60 días por el COVID-19 y en medio de una economía muy castigada crece el temor a un nuevo default, cuando aún está fresca en la memoria de los ciudadanos la dura salida de la moratoria declarada en el 2001.

“El default no genera alegría. Es una sensación de peligro, de desazón, la gente piensa ‘otra vez con eso’”, dice Raúl Aragón, analista de opinión y director de la consultora local Aragón y Asociados.

Argentina, la tercera economía de América Latina, logró evitar entrar en default hoy ya que por segunda vez prorrogó el plazo que había establecido para el canje de bonos bajo legislación internacional, esta vez para el 2 de junio como nueva fecha, informó el ministerio de Economía.

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Si el 2 de junio Argentina no logra un nuevo acuerdo o no cubre un vencimiento de intereses por 500 millones de dólares entraría en su novena cesación de pagos mientras lucha contra una recesión, una obstinada inflación e inversores cada vez más cautelosos, que han empujado los bonos del gigante exportador de granos de Sudamérica a una crisis desde el año pasado.

El país, que para fines de 2019 alcanzó una deuda total de $323 000 millones, debe pagar intereses sobre tres bonos hoy, el mismo día en que vence un plazo cada vez más frágil para alcanzar un acuerdo de reestructuración por $65 000 millones con los acreedores.

La situación actual que vive el país, que registra 9270 casos del virus y 403 fallecidos, apunta a que el Gobierno del presidente Alberto Fernández no pagará y que negocia contra reloj con los acreedores privados el canje de los valores por bonos globales.

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El Gobierno hizo una propuesta inicial a los tenedores de bonos en abril, que fue rechazada por los principales grupos de acreedores. La propuesta incluía un periodo de gracia de tres años, un recorte del 62 % en el pago de cupones y la postergación de vencimientos hasta el 2030. Tras el rechazo, los acreedores presentaron contrapropuestas.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo días atrás que esperaba esperaba conseguir un acuerdo de reestructuración para cerrar la brecha entre ambos.

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Sin embargo, expertos consideran que las negociaciones con los acreedores no deben dilatarse por mucho tiempo.
“Las negociaciones no deberían extenderse muchos meses porque se incrementan los incentivos a litigar”, afirma la consultora ACM (Análisis de Coyuntura Macroeconómica).

ACM añade que “además la incertidumbre acerca del resultado final de las negociaciones no ayudaría a la recuperación de la actividad pospandemia de coronavirus, sobre todo por la capacidad del sector privado de obtener financiamiento en condiciones mejores que las actuales promoviendo inversión privada”.

Hans Humes, que encabeza a Greylock Capita, un grupo de acreedores de Argentina, y ha liderado a un grupo de fondos de cobertura y otros acreedores privados, dijo en cuanto a las negociaciones que aún están por verse y que “debería haber suficiente flexibilidad para llegar a un acuerdo” con el Gobierno argentino en las negociaciones por la reestructuración de su deuda pública.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), de quien el país recibió en el 2018 una línea de crédito por $57 000 millones que también busca renegociar, dijo estar alentado por la voluntad del país y de sus acreedores de continuar dialogando para alcanzar un acuerdo de reestructuración.

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“No quiero especular aquí sobre el resultado de esas negociaciones (...) nos sentimos alentados por la voluntad de ambas partes”, dijo Gerry Rice, director de comunicaciones del FMI y agregó que el organismo está en un “diálogo activo y constructivo” con el Gobierno sobre su deuda.

Para los argentinos un default no aparece entre las principales preocupaciones, pero la mayoría expresa su deseo de que la negociación se logre.

Antes de la crisis que vive el país por el virus, la pobreza superaba el 33 % y el desempleo se ubicaba en 8,9 %. (I)