Ciudadanos fueron inscritos en veeduría para vigilar asignación de frecuencias sin su autorización

La veeduría ciudadana para vigilar el proceso público competitivo para la asignación de frecuencias que creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) está cobijada por las dudas.

Varios personajes públicos denuncian que fueron inscritos en la veeduría sin su consentimiento. El Consejo de Participación incluso mencionó en un boletín del 24 de junio pasado, que los ciudadanos no acreditados como veedores eran Édgar Jaramillo, Francisco Huerta, Hernán Pérez Loose, José Ayala, Roberto Aspiazu, Carlos Larco y Mariana Velasco, porque no subsanaron los requisitos que les faltaban. Aunque los ciudadanos desconocían que estaban inscritos.

Velasco, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), advirtió que presentará una denuncia en la Fiscalía General por "suplantación de identidad y falsedad en el uso de documento público".

Ella dirigió una carta al presidente del Consejo, Christian Cruz expresando su reclamo porque "jamás" se inscribió.

Huerta, académico y analista político, aseguró que "nunca" se postuló a la veeduría, y "menos voy a involucrarme por mi cuenta en ese tipo de asuntos. Jamás. ¡Qué locura, qué audacia!", lamentó.

Jaramillo precisó también que "jamás" se inscribió, y que habló con Cruz buscando una explicación. Pero el funcionario le había hecho hablar con su director jurídico.

"Al director jurídico le dije que me hiciera llegar la documentación, pero él dijo que no era necesario, y que si quiero, que yo presente la denuncia en la Fiscalía. Quieren lavarse las manos queriendo que yo haga las diligencias. Ellos son los obligados a dar explicaciones", sentenció.

Un criterio similar tuvo Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, que respondió que "en ningún momento" postuló.

Actualmente, la veeduría para vigilar la adjudicación de frecuencias está integrada por nueve personas: Emilio Uzcátegui, Paola Aguilar, Bernardo Cañizáres, Fernando Villacrés, César Ricaurte; y los nuevos veedores Washington Dután, Gilberto Gutiérrez, María Ramírez y Roberto Wohlgemuth.

Pero empieza a resquebrarjarse. El jueves renunciaron Ricaurte y Aguilar, miembros de la organización no gubernamental Fundamedios.

Ricaurte en una rueda de prensa explicó que la decisión responde a las irregularidades en la conformación de la veeduría, que ha sido una experiencia "nefasta".

"No hay más que la intención de manipular el mecanismo de las veedurías ciudadanas, y obstaculizarlo. Sin embargo, no renunciamos a nuestro derecho ciudadano a vigilar este proceso que es clave para que avancemos en la libertad de expresión", acotó Ricaurte.

A estas denuncias, se suma que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), que está a cargo del concurso de asignación de frecuencias, presentó el 7 de julio su impugnación a los nueve participantes, alegando que no tienen experiencia y que se desconoce cómo se los designó.

El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena incluso cuestionó que en ella esté inscrito Wohlgemuth, exconsejero de gobierno de Rafael Correa.

La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) también impugnó a los nueve veedores. Su presidente, Kléber Chica, mencionó en un comunicado público, que los veedores no tienen formación profesional en el área de las telecomunicaciones, y que se desconocen las hojas de vida y perfiles profesionales.

En tanto, el proceso competitivo pasó a su segunda fase. El director del organismo, Xavier Aguirre informó que se receptaron 621 solicitudes de concursantes, interesados en competir por alguna de las 3096 frecuencias de radio FM disponibles.

Estas solicitudes se recibieron mediante una plataforma virtual por la presencia de la pandemia del COVID-19, por lo que ayer se las imprimió con la presencia de un notario público para empezar con la revisión de los requisitos de los proyectos de comunicación para acceder a la frecuencia.

Se prevé que hasta el 27 de julio se conozca quiénes cumplieron con esos requisitos y se anunciará si el proceso será simplificado o competitivo, esto en relación a la oferta y la demanda de una o más frecuencias. (I)