María Eulalia Sanipatín desde la noche del viernes permanece en la clínica de la Universidad Espíritu Santo, donde fue acogida de manera gratuita luego de que un Tribunal de Garantías Penales revisara su caso y ordenara su traslado desde el pabellón Matilde Hidaldo de la Penitenciaría, un área de atención prioritaria donde se encuentran la presas que están embarazadas, con hijos pequeños o de la tercera edad.

Ahí estuvo tres días la adulta mayor que fue detenida en un patrullaje de rutina, luego de descubrir que tenía una orden de captura por una sentencia de ocho años por peculado.

Sanipatín tiene 73 años, es diabética y producto de esa enfermedad ha perdido la visión. Fue detenida cuando iba a en un taxi a comprar sus pañales. Pese a esto fue ingresada en la cárcel el martes.

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Su caso fue publicado por EL UNIVERSO el miércoles y la reacción de los usuarios en las redes sociales no se hizo esperar, pues a la mujer se la acusó de haber robado 400 dólares en la caja del hospital Francisco de Ycaza Bustamante, donde laboraba hace 20 años como cajera.

Fue tal el reclamo de los ciudadanos por la desigualdad en la justicia que el presidente Lenín Moreno decidió otorgarle el indulto presidencial y pidió empezar los trámites.

Pese a la decisión del primer mandatario, los abogados que conocieron el caso siguieron adelante con la acción de protección que presentaron a favor de la mujer para que ella pudiera regresar a su casa con alguna medida sustitutiva como el grillete electrónico o el arresto domiciliario.

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Al mediodía de este sábado se realizó la audiencia virtual, en la que también participó de forma telemática la sentenciada desde la casa de salud.

A ella se le subió la presión cuando estaba interviniendo, comentó al final de la diligencia su abogado, Hernán Ulloa, quien resumió que por esto debió ser revisada por un médico y el juez José Torres López decidió que la mujer permanezca hospitalizada hasta que el indulto presidencial sea firmado y pueda regresar a su casa con su familia.

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Este caso muestra ciertas irregularidades, el más grave es que la mujer no fue notificada y no tuvo la oportunidad de defenderse cuando fue llevada a juicio en el año 2012. Once años después de que se produjera la sustracción de 700 dólares, producto de un robo sistemático en las fichas de atención médica del hospital.

Ulloa explicó que son dos personas la sentenciadas a ocho años por peculado. Dijo que a Sanipatín se la acusó de apropiarse de 300 dólares, mientras que el otro sentenciado se habría robado 400 dólares.

Pese a que cuando ella fue investigada contó con un defensor particular, este no fue notificado cuando la llevaron a juicio. Entonces intervino un defensor público.

En la ley ecuatoriana delitos como el peculado y el cohecho no prescriben y la Constitución permite juzgar a los sospechosos en ausencia, como es el caso del expresidente Rafael Correa. Sin embargo, varios juristas coinciden en que la sentencia de Sanipatín debería anularse, pues se violó el debido proceso.

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El padre del exvicepresidente Jorge Glas permanece detenido por el delito de violación. Pese a su estado de salud, los recursos de habeas corpus que ha interpuesto su defensa no han sido aceptados.

Él adulto mayor permanece en el centro médico de la Penitenciaría del Litoral. (I)