El exdirector del Servicio de Contratación de Obras Públicas (Secob), René Tamayo, cree que corre peligro su seguridad y la de su familia. Así lo dio a conocer ayer Tamayo al fiscal Xavier Rosero durante la ampliación de versión, en la que aseguró que cuando estuvo en el Secob recibió "pedidos de espacios de trabajo para varios asambleístas".

Tamayo, desde el 5 de junio pasado, es uno de los investigados por el delito de delincuencia organizada relacionada con una estructura delictiva que operó en el proyecto de construcción del Hospital Básico de Pedernales. El exdirector del Secob le indicó a Rosero "considere" la posibilidad de "garantizar" la protección de su familia.

La ampliación de la versión realizada por Tamayo, por casi cuatro horas, arrancó con el reconocimiento de que su ingreso al Secob el 26 de agosto de 2019 fue como resultado de un pedido de su currículum por parte del asambleísta Eliseo Azuero, a quien dijo conocer desde hace 35 años y contra quien pesa una orden de prisión preventiva en este caso, debido a que él, según la Fiscalía, mantiene un rol de dirección en la organización.

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Azuero, integrante de la Bancada Legislativa de Integración Nacional (BADI), desde el 17 de julio que se lo vinculó al caso en el que también es procesado el exlegislador por Manabí Daniel Mendoza, es visto como un prófugo de la justicia, pues es buscado para que se cumpla la orden de detención en su contra.

Como director del Secob, René Tamayo refirió que él ingresó con un pequeño equipo de trabajo en el que, calificó, el más importante era el subdirector técnico Patricio Morales. Casi de inmediato, dijo, le habrían pedido separar del cargo a Morales y en su reemplazo se nombrara a Jorge Jalil, ingeniero también procesado en esta causa y que se mantiene internado en un Centro de Rehabilitación Social.

Según Tamayo, ese fue "un pedido y recomendación" del asambleísta Eliseo Azuero". El legislador por Sucumbíos también le habría solicitado a Tamayo que incluyera en el Secob, por su trayectoria en la misma institución, a Diego León, el cual no habría tenido un cargo directivo, sino que era un ingeniero de la planta del Secob.

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Relató Tamayo que en la parte administrativa los asambleístas del BADI por Galápagos y Sucumbíos, Washington Paredes y Fredy Alarcón, respectivamente, también le pidieron espacios de trabajo en el Secob.

A Paredes, a decir del versionante, le asignó la "coordinación simple del Secob del Guayas"; mientras que Alarcón, quien lo habría visitado en su oficina, le solicitó se ubique "a una persona de su confianza" en la zonal que abarcaba a Ibarra.

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Alarcón luego de rendir su versión en este caso en la Fiscalía señaló que está seguro de que todo lo que se menciona en los audios periciados no tiene que ver con él y cree que la Fiscalía, luego de que haga su trabajo, lo determinará así. En cambio Paredes, pese a la insistencia, no respondió preguntas a la prensa cuando llegó a la Fiscalía a rendir versión.

El fiscal Rosero también le consultó a Tamayo sobre si habría mantenido contacto, comunicación o reuniones con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, o el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, para tratar el tema de la construcción del hospital de Pedernales. En ambos casos las respuestas fueron que no.

Ante la pregunta de quién delegó a Jorge Jalil, subdirector técnico del Secob, para la suscripción del contrato para la construcción del hospital de Pedernales, Tamayo respondió que existe una resolución que viene de administraciones anteriores, a través de la cual el subdirector técnico tiene competencia para firmar cualquier contrato de obra, fiscalización o consultoría necesarias para la implementación de infraestructura básica y además tiene como función el pago de anticipos, planillas y todo egreso que se derive de estos. (I)