Con la difusión de la convocatoria a las elecciones nacionales del 7 de febrero de 2021, la publicidad de las instituciones del Estado también tiene restricciones.
El pasado 17 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la resolución del llamado a las urnas y difundió la cadena nacional de radio y televisión con este objetivo.
La reforma al Código de la Democracia aprobada en febrero pasado por la Asamblea Nacional dispuso que “desde la convocatoria a elecciones y durante la campaña electoral todas las instituciones públicas están prohibidas de difundir publicidad a través de radio, televisión, medios digitales, vallas publicitarias, prensa escrita u otros medios impresos, salvo las excepciones previstas” en la norma.
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Con esto, no se permitirá la “exposición en espacios audiovisuales que impliquen la utilización de recursos públicos, de la imagen, voz, y nombres de personas que se encuentren inscritas como candidatos”, y se prohíbe incluso “la realización de eventos con artistas internacionales durante la campaña electoral”, señala el artículo 207 del Código.
Hasta antes de los cambios legales, ese mismo artículo establecía la restricción solo “durante el periodo de campaña electoral”.
El 16 de septiembre, el Consejo Electoral aprobó el reglamento de promoción electoral, en cuyos considerandos se recoge esta prohibición y además expone la forma de distribución del Fondo de Promoción Electoral, que es el presupuesto estatal para financiar la propaganda en medios de comunicación de los candidatos a las diferentes dignidades y que asciende a $20, 3 millones.
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En su artículo 50 precisa que desde la convocatoria a elecciones ningún medio de comunicación social, tradicional o por internet, y empresa de vallas publicitarias podrá “difundir, publicar o exponer publicidad ordenada por las instituciones estatales que no cuente con la autorización del CNE”.
Se permitirá la difusión solo en tres casos: para la información sobre obras públicas, como el cierre de vías; en situaciones de emergencia; o en campañas de salud pública, anuncios sobre el periodo de clases, o seguridad ciudadana.
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También de actividades turísticas o culturales por las festividades locales, prestación de servicios y contenidos educativos.
En otro ámbito, el articulado fijó reglas para la contratación de campaña electoral en portales digitales, lo que se incluyó también en las reformas al Código.
Los productos comunicacionales se insertarán en los sitios web o app (aplicaciones) de los proveedores que sean calificados por el CNE.
No obstante, no se consideran medios digitales a las redes sociales, por lo que no son parte de la promoción electoral y dichos anuncios no serán pagados.
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La normativa no estableció ninguna regulación para imputar al gasto electoral (fondos privados de las organizaciones políticas) los costos en estas plataformas.
La presidenta del Consejo, Diana Atamaint, informó días atrás que se estaba buscando un mecanismo para revisar estos gastos, tomando en cuenta que la campaña electoral se desenvolverá en lo virtual, por los impedimentos a las aglomeraciones y eventos masivos para evitar contagios de COVID-19.
Los medios de comunicación que busquen ser proveedores de la publicidad electoral durante los 45 días de campaña deberán estar registrados ante el Consejo de Regulación de la Comunicación, y los que no cumplan con esto “no podrán pautar publicidad de ninguna entidad del Estado”.
De igual forma, se incluirá a aquellos que operen en internet, y que distribuyan contenidos informativos y de opinión.
Según el Registro de Medios de Comunicación del Consejo de Regulación de la Comunicación, con fecha al 2019, en el país existen 1187 medios registrados.
De estos, 647 son radios, 316 impresos, 94 por Audio Video y Suscripción (AVS), 86 canales de televisión y 44 en internet.
El CNE no se ha pronunciado sobre la etapa de rendición de cuentas de más de 4000 organismos del Estado, que coordina el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Por la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, el CPCCS extendió hasta el 31 de octubre el plazo para que las autoridades rindan cuentas sobre la gestión y el uso de recursos públicos correspondiente al 2019.
Oficialmente, la campaña electoral de acuerdo con el cronograma previsto empieza el 31 de diciembre y se extiende hasta el 4 de febrero de 2021. (I)
