“El agua llega por horas, y cuando hay algún daño en las tuberías, tarda hasta cinco días”, comentó Glenda Yánez, del barrio Virgen del Cisne, parroquia Puerto Bolívar, de Machala. En zonas de El Guabo y Pasaje, el servicio es similar, deficiente e irregular, porque el acueducto regional que abastece a estos tres cantones de El Oro cumplió su vida útil y tiene fisuras y daños frecuentes que causan cortes del suministro.

“Si nosotros metemos más presión, la tubería se revienta”, dijo César Encalada, alcalde de Pasaje. En mayo, el 30 % de Machala, el 50 % de El Guabo y parte de Pasaje se quedaron sin el servicio por dos días.

La solución sería la optimización del sistema de agua, según los alcaldes de los tres cantones de la Mancomunidad La Esperanza. Esta obra fue adjudicada el 11 de septiembre al consorcio La Esperanza 2020, formado por las firmas Netibuk, DWC-Grupe, Consorconstru y el contratista Helio Cedeño.

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Uno de los dueños de Netibuk es una empresa vinculada al ex secretario de Presidencia Eduardo Jurado; mientras que Consorconstru y DWC-Grupe tuvieron como socios a Stalyn y Jessef Zamora.

El proyecto está detenido, porque aún no se firma el contrato, debido a cuatro medidas judiciales, dos desistidas y dos abiertas en septiembre.

Una de ellas, una acción de protección, la inició el abogado quiteño David Carrión en contra del Sercop y la Mancomunidad por presuntas irregularidades en el proceso de contratación, y con ella busca anular la adjudicación de la obra, que costará $ 29,8 millones.

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“Al Sercop por omisión, porque debió haber vigilado sus observaciones; y a la Mancomunidad, porque hace caso omiso y adjudica”, dijo Carrión, al referirse a un oficio del Sercop, en el que –tras analizar reclamos de contratistas– señaló que hay requisitos técnicos que limitarían la participación de otros oferentes.

Carrión afirmó que tampoco se corrigieron y actualizaron los estudios y diseños de la obra para incluir productos nacionales, lo que pidió Senagua en marzo al alcalde de Machala y presidente de la Mancomunidad, Darío Macas.

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Macas refirió que los materiales sí son nacionales, mientras que las tuberías de hierro dúctil no se fabrican en el país, pero se aprobaron por cumplir normas técnicas y su durabilidad de 50 años.

“Tenemos experiencia exitosa en proyectos con este tipo de tuberías”, dijo Juan Piana, procurador del consorcio.

Carrión también denunció que la licencia ambiental la obtuvo la empresa de agua de Machala Tripleoro, en 2015.

Este permiso, justificó el alcalde de Machala, lo renovó la firma en 2018 y 2019 porque ellos desarrollaron el proyecto, y cuando se formó la Mancomunidad, hace un año, les cedieron el proyecto, apuntó.

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La nueva red, de 28,13 km, se ejecutará de forma paralela al actual acueducto y se inicia en la captación de agua en el río Casacay, pasa a la planta La Esperanza, al tanque El Vergel (El Guabo) y llega a la parroquia El Cambio (Machala).

Con el nuevo trazado, y obras relacionadas del plan maestro del sistema de agua, se tendrá una cobertura del 100 % para los 500.000 habitantes de los tres cantones. En Pasaje y El Guabo, el 50 % de su gente tiene agua, y en Machala, el 85 %. A esta cobertura llegan porque, además del acueducto, tienen otras fuentes de abastecimiento, como la planta Danesa (en Machala), que capta agua de doce pozos profundos.

Luis Erreyes, presidente del Comité de Defensa de las Aguas del río Casacay, sigue otra acción de protección, en la que pide una indemnización de $ 10 millones para la parroquia Casacay, afectada por la disminución del caudal del río.

Erreyes se quejó porque dijo que no hubo socialización del proyecto en la parroquia, lo cual negó Macas, quien cree que esta acción se inició por desconocimiento: “Los ríos no son propiedad de ninguna parroquia, son del Estado”. Cuando las medidas judiciales sean absueltas, apuntó, se hará la obra. Hasta eso, los 200.000 habitantes que reciben agua por el acueducto continuarán con un sistema deficiente. (I)

Costo de obra

La obra, cuyo plazo es de 15 meses, fue adjudicada por $ 29,8 millones. El 75 % ($ 22,3 millones) proviene de un crédito no reembolsable y el restante 25 % ($ 7,4 millones) lo cubrirán los tres municipios.

Se destinarán $ 495.000 para compensación

La obra contempla un plan de compensación por $ 495.330, monto que se destinará a la socialización, en la contratación de mano de obra local, en un presupuesto para fiestas patronales y también para mejoras en las comunidades.

A los propietarios de los 150 predios dedicados al cultivo de cacao (29 ha) y banano (30 ha), afectados con la construcción del nuevo acueducto, se les dará una compensación económica, $ 34.800 por las plantas de cacao, $ 1,50 por unidad; y $ 90.000 por las de banano, a $ 2 cada una.

Se construirá una cancha sintética para la población de Casacay, en Pasaje, por $ 135.000; y se reforestarán las 5 hectáreas que se afectarán con la obra.

El plan también comprende dos proyectos vinculados a la subcuenca del río Casacay. El primero busca crear un plan de manejo sustentable y verificar el estado de los acuíferos; y el segundo, un estudio de la capacidad y necesidad del recurso de la subcuenca del río. Se tenía previsto hacerlo en el segundo semestre del 2021, por $ 140.000.

Obra al 2050 se proyecta con déficit

El nuevo trazado del acueducto, de 28,13 km, se proyectó para dotar del servicio de agua a estos tres cantones los próximos 30 años, al 2050. Pero para esa fecha se estima que haya un déficit del líquido por crecimiento poblacional.

El acueducto existente dota actualmente a Machala con 382 litros de agua por segundo (l/s); al 2022, luego de la ejecución de la obra, proveerá de 450 l/s; pero al 2050 se calcula un déficit de 566 l/s. En el caso de El Guabo, el faltante será de 139 l/s; y en Pasaje, de 40 l/s.

“Para el 2051 se necesitarían otras fuentes de abastecimiento de agua, que podría ser la misma, pero con otro acueducto para que haya más agua”, estimó Darío Macas, presidente de la Mancomunidad y alcalde de Machala.

El proyecto comprende nuevas consultorías sobre otras fuentes que se podrían usar a futuro, como aguas subterráneas o del río Vivar, en Machala, o la captación desde las quebradas San Jacinto y Villacrés, en El Guabo, o Loma Pelada, en Pasaje. (I)

Aclaración de Gabriela Obando Balseca

Gabriela Estefanía Obando Balseca, del colectivo Actívate Ecuador, pidió una aclaración de la nota publicada por este Diario el 4 de octubre de 2020 con el titular: ‘200.000 habitantes de tres cantones de El Oro, a la espera de la ejecución de nueva red de agua”. En su escrito, Obando solicitó lo siguiente:

Que se corrija la información imprecisa que fue dada el 4 de octubre de 2020: En función del Peritaje del Perito acreditado y calificado en el Registro en el Consejo de la Judicatura, en el cual se demuestra la viabilidad técnica del PRFV, motivo por el cual se dieron las medidas cautelares. En el reportaje se menciona que se eligió el material por durar 50 años. Sin contrastar esta información. Siendo el PRFV un material técnicamente probado que dura la misma cantidad de años.

Se corrija sobre si tiene Licencia Ambiental proceso de contratación pública signado con código LPI-MLE-001-2020 que tiene por objeto de contratación la construcción nueva línea de conducción de agua potable desde la captación en CASACAY-Planta la Esperanza-Tanque de Reserva Vergel-El Cambio, provincia de El Oro. Adjuntamos peritaje forense que demuestra que no es cierto que la misma ha sido actualizada en el 2018-2019. Una vez más no se contrastó la información.

Además solicitamos se señale en el reportaje que esta obra se recibió ofertas con prohibición de SERCOP 04 de agosto de 2020, mediante Oficio Nro. SERCOP-SDG-2020-0576-OF. Y que se adjudicó la obra el 11 de septiembre con medida cautelar vigente detalle del sistema satje del levantamiento de la medida cautelar por la Unidad Judicial Norte 2 Penal con sede en el cantón Guayaquil -provincia del Guaya, proceso No. 09286-2020- 02192 con fecha martes 22 de septiembre de 2020.

Nota de la redacción

La información sobre la durabilidad del material fue contrastada con la empresa adjudicada con la obra y con el presidente de la Mancomunidad La Esperanza, que representa a los tres municipios.

En el texto se indica que la licencia ambiental la obtuvo la empresa de agua de Machala Tripleoro, en 2015, y que habría sido renovado, según las declaraciones del presidente de la Mancomunidad. No obstante, personal ambiental de la Mancomunidad reconoció, en días anteriores, que aún no se ha actualizado este permiso y que estaría en trámite.

La medida cautelar interpuesta por una empresa contra la Mancomunidad fue acogida el 25 de agosto. Días después, el 31 de agosto, el representante de la misma firma presentó un pedido de desistimiento, el 7 de septiembre reconoció su firma y el 11 de septiembre, el mismo día de la adjudicación, la Unidad Judicial Norte 2 Penal con sede en Guayaquil resolvió declarar el desistimiento y archivar la causa. Y en una providencia de fecha 22 de septiembre consta que en virtud del desistimiento y archivo de la causa se dejó sin efecto la medida cautelar. (I)